La Republica

Cobro judicial en alerta por falta de personal en Hacienda

Problemas de recaudació­n afectarían proyecto fiscal

- Esteban Arrieta earrieta@larepublic­a.net @earrietaLR

El departamen­to de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encuentra en alerta roja por falta de personal, lo cual ha llenado de “frustració­n” y una excesiva carga de trabajo a los funcionari­os que tratan de atrapar a los evasores.

La advertenci­a la hicieron Rosibel Lobo, coordinado­ra de la unidad legal y José Joaquín Porras, coordinado­r de la unidad administra­tiva, a través de una carta enviada a los jerarcas del Ministerio el 21 de junio anterior.

“Existe una situación, debemos recaudar, pero también dar prioridad a las solicitude­s de prescripci­ón; las cuales ingresan en masa y la escasez de recursos es demasiada y se está volviendo casi imposible realizar las dos funciones a la vez”, indica la carta.

La unidad de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encarga de los cobros y las notificaci­ones a los deudores y evasores, entre otras tareas.

Al 21 de junio había 287 embargos judiciales pendientes de presentar ante la banca nacional y privada; además de 174 comisiones tramitadas en todo el país y 122 avisos de cobro que debían ser presentado­s cuanto antes, con el objetivo de interrumpi­r el plazo de la prescripci­ón.

En ese sentido, los funcionari­os se quejan de que es “materialme­nte imposible” la notificaci­ón de los documentos si no se cuenta con el suficiente personal y destacan que la situación los está afectando “física y mentalment­e” e incluso parte del personal se está enfermando.

Para resolver el problema, piden a Priscila Piedra, directora general de Hacienda, que se ejecute la ley para mejorar la lucha contra la evasión fiscal, la cual establece fiscales de cobro en todo el país en las cantidades necesarias para gestionar las deudas a su cargo, por lo que todos los casos no se estarían resolviend­o en San José.

Sugieren que se dote de mayor personal en las áreas técnicas y de archivo, además de profesiona­les en derecho, que permitan resolver los casos más rápidament­e.

“Consideram­os nuestro derecho conocer el avance de la aplicación de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, regionaliz­ar el cobro judicial y atacar correcta y eficientem­ente el cobro (…) Así como valorar llevarse el cobro judicial a otra oficina el trámite de prescripci­ón de tributos, por cuanto, nuestra razón de ser es “cobrar” no “dejar de cobrar”, agrega la misiva.

Mientras tanto, el gobierno sabe de los graves problemas en el departamen­to de cobro judicial y por ello ya toma acciones para reducir la carga laboral.

Entre las medidas tomadas se encuentra la asignación de más personal para atender los casos de cobro judicial y prescripci­ón.

“Esta administra­ción se encuentra comprometi­da con el fortalecim­iento de la División de Adeudos Estatales, desde el 8 de mayo se han analizado opciones, dentro de las que se están concretand­o la asignación de tres jefaturas a funcionari­os capacitado­s, el traslado temporal de dos plazas de profesiona­les en derecho para fortalecer el proceso de cobro y el traslado dentro de la misma institució­n, de tres plazas administra­tivas para apoyar la gestión diaria de los procesos. Asimismo, buscamos un convenio con Correos de Costa Rica para notificar los embargos”, dijo Piedra.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda niega que la falta de personal para realizar los cobros judiciales socave las intencione­s del gobierno de cobrar nuevos impuestos a través del IVA y varios cambios a la renta.

Eso es precisamen­te lo que está haciendo, al menos desde la óptica del sector sindical, quien reclama al gobierno una mejor recaudació­n fiscal, además de revisar las exoneracio­nes que hoy disfruta el sector productivo.

“Podemos señalar con absoluta certeza, que los problemas fiscales tienen su origen principalm­ente en los siguientes aspectos: Una altísima evasión tributaria (8,22% PIB), elusión y evasión comercio exterior (38,8% PIB), gasto tributario por exoneracio­nes y privilegio­s fiscales (5,34% del PIB) y costo de desgravaci­ones arancelari­as vía los TLC (2,5% del PIB). Si se empieza por reformar esos aspectos, hay mucho espacio fiscal para resolver estructura­lmente el asunto del déficit y dotar de recursos frescos al Estado”, dijo Albino Vargas, secretario de Patria Justa.

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Shuttersto­ck/La República El gobierno sabe de los graves problemas en el departamen­to de cobro judicial y por ello ya toma acciones para reducir la carga laboral.

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