GOBIERNO QUIERE COBRAR IMPUESTOS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Solo la UCR pagaría ¢8.500 millones del IVA por compra de bienes y servicios
Aunque el gobierno descartó cobrar impuestos a la matrícula y créditos de las universidades públicas, aún mantiene su posición de aplicar el IVA del 13% a los bienes y servicios que compren las casas de enseñanza superior.
El eventual impuesto le generaría a la UCR un hueco en sus finanzas de ¢8.500 millones al año y se traduciría en la reducción de recursos para adquirir materiales, “afectando a la institución y a la población estudiantil”, aseveró Henning Jensen, rector de la universidad.
“Entendemos la urgencia de tomar medidas para mejorar las finanzas públicas, pero esas medidas no pueden llevarnos a decisiones equivocadas que lesionen la educación superior; precisamente, es la educación la que nos ha hecho un país con condiciones de vida y de bienestar que nos distinguen entre otras naciones”, agregó Jensen.
Por estas razones, las universidades están pidiendo al gobierno que varíe el texto de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se tramita en el Congreso, para que de forma explícita, se establezca una exoneración total.
Para 2019, las universidades estatales se repartirán unos ¢511 mil millones, mientras que la Universidad Técnica Nacional tendrá ingresos por ¢34 mil millones. En total, será un aumento del 3% en relación con el año en curso, que corresponde al ajuste por inflación.
El llamado ha sido aprobado parcialmente por el Ministerio de Hacienda, quien hasta el momento, se ha comprometido a cambiar la iniciativa, para que se establezca que la matrícula y los créditos de las materias no pagarán el IVA.
En el caso de la exoneración en cuanto a las compras de bienes y servicios que hagan las universidades, no es posible, ya que todas las instituciones públicas pagarán impuestos.
“Esta disposición tiene como objetivo hacer más transparente el gasto tributario y disminuir la complejidad del crédito del impuesto a las empresas que le venden al Estado”, expresó Nogui Acosta, viceministro de Hacienda.
En el caso de la educación privada, el gobierno ha propuesto un 2% de IVA para los alumnos que matriculen sus estudios ahí, mientras que las instituciones tendrían que pagar el 13% por todos los bie- nes y servicios que adquieran.
No obstante, la propuesta del gobierno de gravar la educación con el IVA pareciera no tener el suficiente apoyo en la Asamblea Legislativa.
Esto, porque la mitad de las bancadas mayoritarias se opone al impuesto, al considerar que la educación no debería ser sujeto de tributos.
Se trata de Restauración Nacional (14 legisladores) y la Unidad social Cristiana (nueve diputados), mientras que Liberación Nacional y el PAC apoyan la propuesta del gobierno, aunque con recelo en el caso de los verdiblancos.
“Hemos sido claros con el gobierno en que no aceptamos el cobro de impuestos para la educación, sin importar si es pública o privada. No queremos que se exonere a las universidades públicas, pero se cobre a las privadas, ya que eso sería promover una diferencia odiosa”, dijo Eduardo Cruickshank, legislador por Restauración Nacional.
En el caso de la bancada del PUSC, se valora el hecho de que el Estado ha fallado al absorber a todos los estudiantes que se gradúan del colegio, por lo que no es justo que terminen pagando mayores impuestos por seguir estudiando, lo que sería una especie de doble castigo, agregó el legislador Pedro Muñoz.
La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas apenas inicia su debate en Cuesta de Moras, ya que el gobierno presentó una nueva propuesta a finales del mes pasado.
El objetivo es mitigar el impacto del déficit fiscal que se estima cerrará en un 7,2% del PIB al finalizar este año.
“Al principio pensaba que no era justo solo gravar a las universidades privadas, ya que mucha gente no tiene acceso a una universidad pública; sin embargo, luego nos justificaron la propuesta y pudimos constatar que un 80% de la gente que paga servicios de educación privada, son personas con recursos. El PLN estudiará el impacto de lo que se podría recaudar con el impuesto solicitado, versus su afectación”, indicó Yorleny León, congresista por el PLN.