Impunidad por huelga empoderaría a los sin dicatos
Proceso para analizar legalidad de protestas necesita mayor agilidad
Si el gobierno de Carlos Alvarado se ve imposibilitado de sancionar a los huelguistas, es probable que la base de reclamos sindicales aumente, de acuerdo con analistas, empresarios y políticos, que cuestionan el impacto de la Reforma Procesal Laboral.
La ley en materia de trabajo falló en cuanto a la resolución oportuna de la ilegalidad de los movimientos de protesta en diversas instituciones y permitió que los trabajadores se mantuvieran en huelga por más de 50 días, como sucedió con los maestros y profesores.
Sin importar el futuro del plan fiscal en la Sala IV —que originó el conflicto social—, los sindicatos ya salieron empoderados de esta disputa, según varios especialistas.
No solo se aglutinaron en torno a un tema y acabaron con más 20 años de divisiones internas, sino que también le restaron capital político al Presidente en una etapa “muy tierna” de su gestión, de acuerdo con el analista Claudio Alpízar.
Por otra parte, la huelga les sirvió para mandar una mensaje claro al mandatario de que no tolerarían reformas más estructurales en el futuro, como podría ser una ley de empleo público, o incluso el cierre de instituciones públicas con duplicidad de fun-
ciones como ha anunciado Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
“Marcaron la cancha para eventuales protestas en contra de iniciativas más estructurales y que podrían venir después del paquete fiscal, sin importar si pasan o no”, dijo Daniel Calvo, analista independiente.
Un total de 37 declaratorias de ilegalidad de huelga fueron presentadas por el gobierno desde el 10 de setiembre, cuando inició la protesta.
Sin embargo, a la fecha el gobierno no ha podido rebajar ni un céntimo del salario a los huelguistas, ni mucho menos, ha despedido a alguien que haya abandonado su puesto de trabajo.
Incluso, los maestros viajeros —más de 500— que aprovecharon la huelga para irse a vacacionar fuera del país, no han sido castigados aún.
La reforma procesal laboral obliga a los tribunales de trabajo a dictar sentencia en dos instancias diferentes, lo que permite que el proceso se extienda más de la cuenta, ya que en el ínterin se pueden presentar apelaciones.
Por otra parte, la ley establece que las notificaciones solo se pueden entregar de manera presencial al encargado del sindicato designado.
Para colmo, la norma no es clara sobre el momento procesal en que se podría aplicar la sanción. Esto hizo que el gobierno presentara una acción de inconstitucionalidad, para que se pueda rebajar el salario desde el día número 1 de la huelga a los empleados públicos.