Unificar regímenes de pensiones debilitaría uno de los fondos del Magisterio Nacional
Diputados analizan proyecto en la Comisión de Asuntos Económicos
Los congresistas estudian un proyecto de ley denominado Ley de justicia, solidaridad y solidez de las jubilaciones en Costa Rica, propuesto por el Partido Unidad Social Cristiana, que pretende unificar los regímenes especiales de pensiones del primer pilar al de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja.
Si se aprueba este proyecto, las nuevas personas que ingresen a laborar para el sector educativo cotizarían para el régimen del IVM, lo que afectaría significativamente el número de cuotas y la edad para el retiro de esta población.
El Magisterio administra dos regímenes de pensiones: el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), el cual es con cargo al presupuesto nacional (ya cerrado) y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), que se creó en 1992 y ha logrado constituir un fondo propio que se mantiene con cotizaciones, inversiones y rendimientos de los educadores, profesores y demás cotizantes de este sector.
Las principales críticas que se ventilan sobre el RTR es que existen pensiones cuyos montos son más elevados que el máximo pagado por el IVM de la Caja, ¢1,5 millones.
La intención de los diputados es que se ponga orden en el sistema de pensiones y se eliminen las de lujo, a través de una tasa solidaria que se impondría sobre las jubilaciones existentes y que todos reciban un monto máximo de ¢1,5 millones.
“Lo anterior tendrá un impacto negativo sobre las finanzas públicas, siendo que la propuesta de recaudación con el proyecto 20.927 es menor que la que actualmente se recoge con la contribución especial solidaria que grava al Magisterio Nacional, lo cual evidencia la ausencia de estudios técnicos que deberían sustentar el proyecto, además de ser un régimen cerrado”, aseguró Róger Porras, director ejecutivo de JUPEMA.
En el Régimen de Capitalización Colectiva, el cual es de cotización, que tiene 94 mil cotizantes y aproximadamente 1.600 pensionados, la situación es muy diferente porque “del propio cuero salen las correas”, expresó Porras.
La reserva de este fondo ronda los ¢2,3 billones y las pensiones se revaloran conforme a los estudios actuariales que se realizan, tiene una razón de solvencia igual a uno, lo cual significa que se cubren los pasivos actuariales con los ingresos actuales.
La pensión promedio ronda los ¢292 mil, corresponde principalmente a casos por invalidez y su-
cesiones, siendo que es un régimen relativamente joven y el monto de la pensión más alta es de aproximadamente ¢1,2 millones.
El problema que se tiene con el proyecto según las autoridades del Magisterio Nacional es que al cerrar el RCC se rompe el principio de solidaridad intergeneracional, se interrumpe el ingreso de nuevos cotizantes, lo cual hace que comience a tambalearse el régimen y pierda sostenibilidad y equilibrio.
El RCC no recibirá nuevos cotizantes y se reducirá el monto de ingresos mensuales al fondo, afectando su sostenibilidad para el pago de las pensiones actuales y futuras, lo que podría implicar ajustes al perfil de beneficios de este fondo.
En cuanto al impacto sobre el IVM, al no existir estudios actuariales no hay claridad sobre su sostenibilidad”.
“Consideramos que la medida es improvisada, no existe ningún estudio actuarial que demuestre el impacto sobre los regímenes de pensiones”, destacó Porras.