Guerra a pensiones de lujo vuelve a tomar fuerza
Unas 155 personas reciben más de ¢5 millones con cargo al presupuesto, según Dirección Nacional de Pensiones
Igualar las pensiones de regímenes especiales al monto máximo que otorga la Caja, establecer contribuciones solidarias y prohibir el retiro antes de los 60 años son algunas de propuestas que impulsan los diputados y el Gobierno para mitigar el impacto de las pensiones de lujo en el gasto público.
Se trata de jubilaciones de exmagistrados,
exdiputados y excatedráticos, entre otros exfuncionarios públicos, que están en la mira del presidente Carlos Alvarado, quien convocó tres proyectos a las sesiones extraordinarias sobre este tema.
Unos 155 ciudadanos reciben más de ¢5 millones con cargo al presupuesto, según la Dirección Nacional de Pensiones.
Sin embargo, los beneficiados de montos millonarios serían muchos, si se toman en cuenta los regímenes del Poder Judicial y el Magisterio Nacional.
Una pensión de lujo es la que recibe quien no cotizó lo suficiente por el monto que percibe y que, aun así, la disfruta por estar incluida en un sistema especial, generalmente con un cargo al presupuesto de la República.
Casi 10 mil personas asociadas a un régimen especial reciben un monto superior a ¢1,6 millones, que es la cifra máxima que otorga la Caja a través del IVM.
“Tampoco toleramos pensiones desproporcionadamente altas, pero nunca he compartido el señalar ese tope como pensiones de lujo, ya que cada régimen tiene realidades que no pueden compararse”, dijo Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.
Cobrar más contribuciones solidarias al disminuir el tope de la base exenta es otro de los fines.
“Son un impuesto que se cobra a partir de, por ejemplo, pensiones de ¢3 millones o ¢4 millones, aunque se podría bajar ese límite a ¢1,5 millones y establecer montos de ¢100 mil o ¢200 mil”, dijo Álvaro Ramos, superintendente de pensiones.
La existencia de un límite del 55 % en cuanto al recorte de las pensiones, se convierte en un obstáculo que afrontarían las iniciativas.
Por ejemplo, si una persona que recibe ¢10 millones de pensión bruta, al no poderle reducir más del 55 %, su pensión mínima neta sería de ¢4,5 millones; por lo tanto, si se quisiera reducirla al nivel de la Caja, se necesitaría que la deducción rondara el 85 %, aspecto no permitido en la Jurisprudencia de la Sala Constitucional, recordó Ramos.
Aplicar un control a los jubilados sobre si aún cumplen los requisitos para mantener pensión es una de las alternativas a los obstáculos que contemplan las propuestas.