Regular huelga en servicios esenciales quedaría en manos de la Sala IV
Inició recta final del proyecto en el plenario Proyecto es una especie de mordaza, según diputados opositores
Regular la huelga en servicios esenciales, como la policía y la salud, quedaría, en última instancia, en manos de la Sala IV.
Varios legisladores se oponen al plan que se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, no descartan acudir al máximo tribunal para determinar la legalidad de la normativa.
La molestia se debe a que el proyecto actual es una especie de mordaza y por ello, promueven varios cambios al texto para que sea más equilibrado.
El plan ya inició su recta final en el plenario, por lo que se estima que en la primera semana de septiembre se estaría votando en primer debate.
Sin embargo, si estas modificaciones fracasan, estarían dando un paso adicional para evitar que el derecho de los ciudadanos a protestar se “vea cercenado”.
Para llevar el texto a consulta al máximo tribunal se requiere la firma de diez legisladores, lo cual sería fácil de conseguir, si se considera que recientemente un grupo de once diputados de varios
partidos presentaron un texto sustitutivo al plan que impulsa el presidente Carlos Alvarado y Carlos Ricardo Benavides, jerarca del Parlamento.
Se trata de Franggi Nicolás, Paola Valladares y Daniel Ulate, del PLN, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepellman, Carmen Chan y Nidia Céspedes, de Nueva República.
Asimismo, se oponen Wálter Muñoz, del PIN, Shirley Díaz, del PUSC, Dragos Dolanescu, del Republicano y José María Villalta, del Frente Amplio.
El proyecto que debaten los diputados prohíbe la huelga a los trabajadores de servicios públicos esenciales, como podría ser la policía y la salud.
Asimismo, permitiría el rebajo retroactivo del salario una vez que se declare la ilegalidad del movimiento, entre otros cambios.
El plan introduce la calificación de “servicios de trascendental importancia”, que serían los que sí podrían hacer huelga siempre y cuando se garantice un mínimo a través de un plan remedial que deberá ser aprobado por el Ministerio de Trabajo.