Salario único para empleados públicos naufraga entre dudas
Sistema para evaluar trabajadores y posible costo inicial le generan críticas al plan AHORRO DE ¢55 MIL MILLONES AL AÑO SE DARÍA EN DOS DÉCADAS AL SUSTITUIR PERSONAL ACTUAL
Sistema para evaluar trabajadores y posible costo inicial le generan críticas al plan
¿ Cuál sería el costo de implementar un salario único al corto plazo?, ¿se acudiría a nueva deuda para financiar el cambio?, ¿se acabarán las disparidades existentes en el esquema de remuneraciones? y, ¿cómo se evaluará a los burócratas?
Estas son algunas de las dudas que han surgido alrededor de la Ley de Empleo Público que impulsa el Gobierno.
La iniciativa tiene como meta hacer más eficiente al sector público, ordenando los múltiples esquemas de remuneraciones – en solo ocho regímenes – y así recortar el gasto a futuro.
Sin embargo, un mes después de haber iniciado su trámite en la Asamblea Legislativa, la propuesta naufraga entre dudas.
Uno de los puntos que ha generado mayor suspicacia es el impacto que tendría el proyecto para las finanzas, esto en el corto plazo.
Se espera que, al establecer un salario único, la base remunerativa para los nuevos empleados aumente, lo que significa un impacto directo en momentos en que el país lucha por mitigar el déficit fiscal.
Aunque la medida solo aplicaría para los nuevos funcionarios, el Gobierno no tiene claro de dónde obtendría para pagar el alza, ya sea por medio de deuda, o de ingresos frescos, reconoció Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos en la comisión legislativa que estudia el tema.
En todo caso, el impacto positivo en las finanzas públicas se sentiría en unas dos décadas, según Pilar Garrido, ministra de Planificación.
Se trataría de un ahorro de unos ¢55 mil millones al año, al sustituir paulatinamente a los trabajadores actuales que se vayan pensionando -llenos de pluses y otros beneficios– por otros funcionarios sin tantos incentivos.
En cierta forma, se trataría de un ahorro pequeño si se considera que el presupuesto para el Gobierno central es de unos ¢10 billones.
Otra crítica que ha recibido el proyecto es que no ordena el empleo público; además, es insuficiente para mitigar las diferencias de salarios entre los trabajadores que realizan una misma labor, según Marta Acosta, contralora general.
Hoy día se contabilizan disparidades salariales de ¢800 mil al mes para funcionarios no profesionales, mientras que para los profesionales, las diferencias llegan a ¢3,2 millones, agregó la Contralora.
El mecanismo para evaluar a los empleados también genera preocupación, pues podrían ser despedidos aquellos que obtengan dos notas consecutivas menores de 70 en su calificación de desempeño.
Sin embargo, a la fecha no se conoce cómo se evaluarían a los trabajadores.