Limitar huelgas será prioridad de diputados en enero
Servicios esenciales como la salud y la policía no podrán protestar
La prohibición de las huelgas en servicios públicos esenciales y el rebajo automático del salario para los trabajadores que no se presenten a trabajar serían aprobados hasta enero, según confirmó Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa.
El receso de fin y principio de año y el hecho de que el proyecto deba ser corregido, antes de someterse nuevamente a primer debate tras los señalamientos que hizo la
Sala IV, serían las razones de la espera.
Uno de los temas a enmendar es preguntarle a la Corte Suprema si los servicios judiciales son esenciales o no.
En ese sentido, es probable que la comisión saque de la lista a estos funcionarios, pues de lo contrario se corre el riesgo de que se requieran 38 votos para aprobar el proyecto si la Corte considera que afecta su funcionamiento, según Zoila Volio, diputada del Partido Integración Nacional.
El otro tema a enmendar es la lista de causantes de disolución de un sindicato, ya que según los jueces del máximo tribunal, las conductas de un líder gremial no pueden endilgarse a todo el gremio.
El voto completo sobre la regulación de las huelgas fue entregado al Parlamento hasta el jueves anterior.
“La Comisión de Consultas de Constitucionalidad tiene que rendir un informe sobre la forma de atender los señalamientos de la Sala IV; después, el informe pasa al Plenario para su votación en primer debate. Bajo esa premisa ya no es posible aprobar el proyecto este año, por lo que será nuestra prioridad en enero”, agregó Benavides.
El rebajo automático del salario para quienes se vayan a huelga, así como la prohibición de la protesta para todos los servicios esenciales – como la salud y la seguridad – privarían al sindicalismo tradicional de sus principales armas.
Por esta razón, los gremios de trabajadores estarían obligados a replantearse ante esta disyuntiva por medio de herramientas como el lobby en el Congreso y la creación de líderes con fines políticos para defender sus intereses.
El rebajo del salario es una alternativa que ya se ejecuta en países de la región como Panamá, Chile y Perú; por tanto, cuenta con el aval de la Organización Internacional del Trabajo.