Caso Aldesa cumple un año entre incertidumbre y promesas de soluciones
Pronto deberá comprobarse si plan de salvamento es viable
Lo que surgió como la respuesta de Aldesa para cumplir con sus inversores afectados se ha convertido en un caso comprometido y con posibilidad de alargar aún más la búsqueda de una salida para los involucrados.
Hace un año, el grupo bursátil les comunicó a sus 500 inversores que se sometería a un proceso de intervención judicial, que implicaba la suspensión del depósito de intereses y la dificultad para devolverles el ahorro en un plazo no menor a tres años.
El golpe fue mayor por el rumbo que tomó el caso, con la intervención de la Fiscalía General con allanamientos e investigaciones y el surgimiento de dificultades para atender los compromisos.
“Estamos convencidos de que hemos actuado apegados a la ética y a derecho; quedará claro que no hemos cometido ningún delito”, comunicó Javier Chaves, presidente de Aldesa, en junio del año anterior.
Al mismo tiempo, la empresa llamó a la calma y prometió un plan de salvamento que incluía el cierre del Puesto de Bolsa y fondos financieros para trasladar a otro fondo a sus 1.200 clientes y los $220 millones que les custodiaba.
Además, pretendió revivir el proyecto Monte del Barco, una iniciativa turística en el polo de Papagayo que ha mantenido en el papel por unos 15 años y con el que consideró pagar $14 millones.
Sin embargo, esta posibilidad está en riesgo, pues el 60% de los terrenos de este desarrollo está en proceso de remate, según Ronny García, representante legal de unos de los inversionistas afectados.
Esto luego de que parte de las tierras donde se desarrollaría Monte del Barco fueron ofrecidas por Aldesa como garantía a un grupo de bancos y entidades financieras con quienes mantiene compromisos en mora.
Para tratar de evitar el remate, Aldesa solicitó una medida cautelar que está por conocerse en audiencia, justamente en el momento en que según Chaves debía aprobarse la viabilidad del proyecto turístico.
Adicionalmente, el grupo financiero cifra sus esperanzas en que el Juzgado Concursal de San José le dé visto bueno al proceso de administración por intervención judicial, que ya había rechazado en otra oportunidad por la falta de la presentación documentación básica.
En esa línea, está por vencerse el plazo que tiene el perito nombrado por el Juzgado para dictaminar si el plan tiene viabilidad o no, pero existe la posibilidad de que necesite más tiempo para resolver.
“Lo más doloroso de todo esto es que, dentro de esta lista de afectados hay más de 30 asociaciones solidaristas. En donde no uno, ni dos, ni tres son los afectados, sino 25 mil trabajadores que corren el riesgo de perder sus ahorros depositados”, afirmó la diputada Franggi Nicolás, al darse de conocer el caso el año pasado.