“Empleo público no puede ser utilizado como un arma político electoral”
Asignar los puestos en el gobierno central no debe quedar en manos del Ministerio de Planificación
Permitir que el Ministerio de Planificación se encargue de regular y administrar los puestos de trabajo en el sector público sería un grave error, según Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional.
Se corre el riesgo de que el gobierno de turno utilice esa potestad como un arma político electoral.
Por ello, Thompson y su compañero Pedro Muñoz, diputado de la Unidad, presentaron un texto sustitutivo a la iniciativa que ya fue dictaminada en comisión y que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado. ¿Por qué es importante aprobar una ley sobre empleo público?
Hay tres temas país que deben ser atendidos de manera urgente.
El tema fiscal, la gran forma integral del Estado y el apoyo al sector productivo y reactivación económica.
En ese sentido, la relación entre el Estado y el funcionario público es fundamental normarla, la cual, está regida por diferentes leyes que no permiten tener orden.
¿En qué se diferencia la propuesta de empleo público del gobierno y la que usted y el diputado Pedro Muñoz presentaron? Hay dos temas fundamentales. En el caso de la propuesta del gobierno se establece que corresponde al Ministerio de Planificación la coordinación de los temas de empleo público, mientras que en el texto sustitutivo que presentamos Pedro Muñoz, diputado de la Unidad y este servidor, se establece que es el Servicio Civil.
La idea es evitar la politización del empleo público. A nosotros nos parece que debe ser, como dice la Constitución, un órgano independiente el que se encargue de este tema.
El segundo aspecto, tiene que ver con la disparidad salarial en el sector público, en donde trabajadores con las mismas tareas, tienen salarios muy diferentes.
¿Por que evitar que sea un órgano político el que coordine lo correspondiente al empleo público?
Si no tomamos las medidas correspondientes, el Ministerio de Planificación podría convertirse en un arma político electoral para los gobiernos de turno, ya que le corresponderá al Poder Ejecutivo determinar la asignación o no de puestos. Esta es una preocupación que tenemos Pedro y yo.
No podemos pasar toda la regulación de este tema a un ministerio que obviamente estará sujeto a los intereses del gobierno de turno, sin importar si se trata de este, u otro gobierno.
Bajo esa premisa, consideremos que debe ser un órgano independiente, que maneje el tema con criterios técnicos.
¿Cómo resolver la disparidad salarial que hoy existe en el empleo público?
Hoy en la mayoría de las dependencias estatales tenemos un esquema de salario compuesto, que tiene que ver con un salario base, incentivos, bonificaciones y anualidades.
En ese sentido, hay una enorme disparidad de salarios entre los funcionarios con iguales tareas.
Lo que se pretende es llegar paulatinamente a un salario global, que no es otra cosa que un salario estándar, fijado técnicamente por puestos en toda la administración pública.
Hay que eliminar estas distorsiones para acabar con las injusticias entre funcionarios, pero también resolver parte del problema fiscal del Estado.
¿Cómo fijar un salario estándar que no termine siendo más caro para el Estado? Ese es precisamente el reto. Por eso creemos que debe ser un órgano técnico el que fije un salario global para todas las categorías.
En este tema nos enfrentaremos con el problema de que en algunos casos habrá funcionarios que ganen más que el salario global, pero también con trabajadores que ganan menos.
¿Qué pasará en estos casos?
Los que ganan menos tendrán una recalificación hacia arriba de manera gradual y voluntaria, mientras que las personas que devengan más, tendrán un congelamiento de los incentivos.
Por otra parte, la crisis fiscal nos lleva a ser cautos, ya que no se pueden permitir bruscos cambios en la política salarial.
¿Se afectan derechos adquiridos?
El proyecto que impulsa el gobierno parece que sí, de acuerdo a lo que hemos conversado con abogados y otros sectores.
La propuesta alternativa de Pedro Muñoz y mía, trata de minimizar eso, ya que el traslado será voluntario, mientras que el servicio civil fijará la forma gradual el traslado de los funcionarios al salario global, para no golpear ni las finanzas, ni los derechos de los trabajadores.