Supuestos sobornos habrían movido más de ¢78 mil millones en proyectos viales
32 personas son relacionadas en “uno de los casos más impactantes en la perspectiva de corrupción pública”, según Wálter Espinoza, director del OIJ
32 personas son relacionadas en “uno de los casos más impactantes en la perspectiva de corrupción pública”, según Wálter Espinoza, director del OIJ
Una supuesta red de sobornos que habría involucrado a empresas constructoras, fiscalizadoras y funcionarios de varias instituciones, fue puesta ayer a las órdenes de los Tribunales de Justicia en un caso cuya primera fase salpicó a 32 personas de las 72 que estarían implicadas.
Luego de dos años de investigación, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), advirtieron el presunto favorecimiento que se habría dado a empresas constructoras y supervisoras de obras viales por parte de funcionarios encargados del programa de mantenimiento y conservación de carreteras con proyectos por el orden de los ¢78 mil millones.
A cambio, los trabajadores estatales recibían supuestas dádivas en terrenos, viajes, autos y favores sexuales, entre otros beneficios, reveló Wálter Espinoza, director del OIJ.
Como parte de este caso, la mañana de este lunes unos 600 agentes judiciales realizaron 57 allanamientos simultáneos en busca de información y de las personas relacionadas.
Los eventuales delitos que se investigan son cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
Uno de los investigados es Camilo Saldarriaga, asesor y mano derecha del presidente Carlos Alvarado desde que este ejerció como responsable del IMAS en el gobierno anterior.
Figuran también los empresarios Carlos Cerdas, dueño de Constructora Meco, Roberto Acosta y Mélida Solís, máximos representantes de la constructora H. Solís, William Herrera, de Constructora Herrera y Alejandro Acosta, ligado a las constructora Also Frutales y Fresa Fresca.
También se relaciona a personas que laboran en las firmas supervisoras Diccoc, ITS y Cacisa.
La investigación alcanzó además a Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, a Mario Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a Gabriela Trejos, encargada del Departamento Legal de esta misma entidad.
Otros implicados son Johnny Barth, pensionado y ex gerente de Contrataciones de Vías y Puentes de Conavi y Mario Quesada, ex vicepresidente del Tribunal Administrativo de Transporte y asesor del ministro y viceministro del Mopt, en materia de transporte.
Aparte de las 32 personas implicadas en este primer allanamiento “hay otras 40 que ya están identificadas y establecidas sus conductas y los hechos descritos a las quienes vamos a ir acercando al proceso penal de manera paulatina y ordenada, a efectos de que la causa pueda avanzar con celeridad que es lo que nos interesa al OIJ y Fiscalía”, adelantó Espinoza.
Justamente este caso es catalogado por el director del OIJ como “uno de los más impactantes que se han abordado en el país en la perspectiva de corrupción pública”.
Hasta lo conocido ayer, no se tiene evidencia de que los recursos involucrados en este caso se hayan perdido, pero sí que se habrían desviado de otros proyectos agendados, para supuestamente favorecer obras públicas que habrían sido asignadas a las empresas investigadas.
Lo que sí trascendió fue el encarecimiento en el costo de los proyectos viales que están bajo investigación.
Los recursos que se emplean para los trabajos de conservación y mantenimiento de caminos provienen de un porcentaje de lo que se recauda del impuesto a los combustibles y del marchamo, así como de créditos gestionados con organismos financieros internacionales.