Constructoras que pagaron supuestos sobornos serían inhabilitadas por diez años
Sanción administrativa también cubriría a fusiones o consorcios
Si se comprueba en sentencia firme que sí pagaron sobornos a los funcionarios del Conavi, varias empresas podrían ser inhabilitadas para construir infraestructura vial por un período que oscilaría entre tres y diez años.
Se trata de las compañías H Solís, Meco, Constructora Herrera y Also Frutales, entre otras.
Esas constructoras han sido vitales en el desarrollo de infraestructura en los últimos años, ya que construyen o han terminado proyectos como Circunvalación Norte, el nuevo puente sobre el Río Virilla a la altura del Saprissa y los pasos a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, Guadalupe y La Bandera.
La sanción para las empresas en sede administrativa, implicaría la inhabilitación para construir cualquier infraestructura vial para todo el Estado, por un período que va desde los tres años y hasta los diez años, según una reforma a la ley de contratación administrativa aprobada en 2019 y que fue impulsada por Karine Niño, diputada de Liberación.
La normativa considera como fraude de ley, la constitución de una nueva sociedad con la finalidad de evadir los efectos de la sanción, por lo que una empresa no podrá burlar los controles, ya que las fusiones y los consorcios no serían permitidos para esas compañías.
La sanción administrativa se aplicaría al margen de las sanciones penales y civiles que se establecerían por el pago de supuestos sobornos en obra pública.
“Se considerará como una falta grave del contratista, cuando una de sus acciones u omisiones pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas, cuando los proyectos aumenten su costo por su culpa, o bien, cuando haya una condenatoria en firme en contra del contratista”, dijo Niño a LA REPÚBLICA.
En ese sentido, las empresas en cuestión serían investigadas por el aumento en el costo de las obras y por el supuesto pago de sobornos.
El otorgamiento de lotes, viajes, carros y hasta favores sexuales a unos 20 funcionarios públicos del Conavi, está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.
En principio, los funcionarios habrían colaborado con el otorgamiento irregular de contratos de obra pública con importantes empresas desarrolladoras del sector privado por un valor de ¢78 mil millones.
Por esta razón, el OIJ realizó varios allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y el Conavi, además de las empresas a inicios de semana.
Peculado, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias serían algunos de los delitos que se están investigando.