Caja se receta sabroso
El asegurado Rafael Ángel Castro esperó dos años para que lo atendieran en la clínica Marcial Fallas, en Desamparados, para hacerle una audiometría, que vale diez rojitos.
Eso pasa mientras a un chofer de la Caja de Seguro le pagaron, en diciembre pasado, un salario de ¢3,5 millones.
Esos sueldazos que da la Caja no solo le pasan la factura a Castro, sino también a Julieta Bastos, quien no puede conseguir las pastillas que necesita (Sinogan) para equilibrar sus estados de ánimo.
La CCSS le manda Levotramozina, un medicamento más económicoy que produceefectos secundarios desagradables en el sistema digestivo.
Y también paga la factura Vanessa Díaz, quien decidió llevar a una consulta privada a su mamá, Damaris Díaz, para curarle una infección de glándulas. Fue porque estaba harta de que le re- cetaran acetaminofén pa’ arriba y pa’abajo. En el 2015, la platica que nos rebajaron por el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) a los que trabajamos fue ¢1,6 billones, según la Caja. Pero, ojo, ¢1,2 billones se fueron en salarios y en beneficios (como el del chofer).
En cambio, para mejorar la infraestructura o para comprar equipo médico se destinaron ¢106.700 millones y para materiales y pago de servicios ¢445.500 millones. La diferencia es abismal.
Larguísima espera. Emilia Murillo, vecina de Cartago, lleva trece años esperando una cita para que le digan qué tiene en la rodilla.
En el 2003 hizo el primer intento y hasta el 2008 la vieron en el hospital Max Peralta, en Cartago. Aquella vez le salieron con que debía esperar tres años más, pero vea en qué año estamos y nada de nada.
“Gracias a Dios puedo caminar, pero cuando subo alguna cuesta sí me friega la rodilla, pero ahí me la juego”, dijo resignada.
Su caso empeora porque padece vértigo y cuando pidió cita con un otorrinolaringólogo se la dieron, pero vea lo que tiene que decirnos doña Emilia, de 73 años.
“Una doctora me vio ymemandó a sacar una audiometría. Nada que la hacían. Entonces me la hicieron gratis en una clínica privada, pero para que el especialista vea el resultado me dieron la cita para el 2019”.
¡Cómo lo lee, para dentro de tres años! Roxana Morales, economista de la UNA, cuestiona la calidad y la cobertura médica de la Caja aunque cree razonable destinar un 70% de esos ingresos al pago de salario.
“Son profesionales que duran mucho tiempo estudiando. Sin em- bargo, la gente debe percibir la calidad en el servicio. No debería haber listas de espera tan largas, por ejemplo”, opinó Morales. Quizás tampoco sueldos de ¢1,6 millones para un ayudante de cocina o para un secretario ejecutivo (tres veces más de lo que deberían ganar). Eso se explica por los 52 incentivos salariales que tienen en la Caja. ¿Cómo un país pobre como el nuestro puede permitir que se den esos lujos?