Reos con tobillera burlan la ley
Los jueces de Ejecución de la Pena han concedido el beneficio de usar tobillera electrónica en la casa a 890 reos, para evitarles que sigan descontando años en la cárcel por el delito por el que hayan sido sentenciados.
Sin embargo, como dice el refrán, en arca abierta hasta el justo peca, así es que ya sea por falta de vigilancia o de suficientes recursos, muchos de estos sentenciados violan la ley que les permite gozar de este beneficio y las acciones correctivas han sido mínimas o, en el peor de los casos, no existen.
El Ministerio de Justicia informó que, de enero a julio de este año, se han realizado 1.231 informes de reos con tobillera que han violado algún requisito de los que deben cumplir para tener este beneficio, tales como salidas del área restringida sin el debido permiso o tienen los dispositivos descargados (normalmente porque se les olvida cargarlos), esto genera que se pierda el rastreo electrónico. Hay casos en los que cortan los dispositivos y se los quitan.
Daysi Matamoros, subdirectora de Adaptación Social, afirmó que no tienen identificados cuáles son los casos graves, ya que no llevan un registro digital.
De los 890 reos con este beneficio, hay algunos que acumulan más de un tarjetazo o infracción. Muchas de estas irregularidades podrían ser faltas graves, pero Justicia no lo sabe con claridad.
Incompletos. Roy Murillo Rodríguez, juez de Ejecución de la Pe- na de San José, confirmó que muchos de los informes que debe entregarle la Unidad de Monitoreo Electrónico llegan incompletos, tarde y en ocasiones ni están a tiempo cuando se realizan las audiencias con los reos con tobillera.
Estas situaciones han hecho que los jueces no tengan la certeza de saber si estas personas merecen o no el beneficio.
Murillo explicó que este beneficio él lo concede a personas que no sean peligrosas y se basa en el informe de Justicia, que a veces reporta que el preso no tiene faltas graves, a lo mejor solamente presenta infracciones porque se sale de su área por pocos metros y no todos los días, algo por lo que él no cree que haya que mandarlo a la cárcel.
José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social, dijo que “este año se han generado 1231 informes, 79 personas monitoreadas han sido devueltas a la cárcel”.
Pifias terribles. Esta modalidad de control de la población penal, que comenzó en febrero del 2017, ha permitido que varios reos incumplan todas las medidas e incluso que cometan delitos graves, como el homicidio de la viejita Luz Marina Campos Jiménez, de 74 años, asesinada la tarde del jueves 17 de mayo en su casa en San Ramón, Alajuela. El OIJ detuvo a los sospechosos, entre ellos a un reo con tobillera de apellido Pérez Urbina, capturado el 29 de mayo.
Pérez no podía ser monitoreado debido a que el aparato tenía las baterías descargadas y ni el Ministerio de Justicia ni los jueces lo devolvieron a la cárcel antes de que le quitara la vida a doña Luz.
Así como Pérez, otros reos con este dispositivo han sido detenidos por distintos delitos. Otro de los casos más sonados ocurrió la madrugada del domingo 11 de febrero, cuando las autoridades agarraron a un sujeto de apellido Solano cuando asaltaba un bar en San José centro.
La Teja le consultó al mi- nistro de Seguridad, Michael Soto, sobre estas anomalías que al final le dan más trabajo a la Fuerza Pública, pero el vocero de esta institución, Jaime Sibaja, afirmó que el jerarca estaba en reuniones.
Otra cara de lamoneda. Esta relativamente nueva sección del Ministerio de Justicia, la integran dos trabajadores sociales, dos orientadores, una psicóloga, un sociólogo, un abogado, un educador y la jefa Yamileth Valverde. Entre las funciones que tienen están: hacer visitas, pasar informes al instituto de criminología y a los jueces, quienes al final otorgan o no el beneficio.
A ellos se suman seis policías penitenciarios, quienes están a cargo de las pantallas electrónicas que son las que le siguen los pasos de estos presos. Otros cinco oficiales se encargan de visitar barrios y ver el comportamiento de los beneficiados. Además 23 empleados del régimen semiinstitucional les meten el hombro con las vigilancias.
Yamileth Valverde, jefa de la Unidad de Monitoreo y quien asumió el puesto hace 15 días, afirmó que es muy poco el personal con el que cuenta para monitorear a toda esta población.
Asegura que desde que empezó ha tratado de que su equipo cumpla con las funciones encomendadas.