Se avecina el final de los tiempos
Las personas que financien, administren puestos, hagan publicidad o contraten personas para la venta de loterías ilegales podrían pegar de cuatro a ocho años de cárcel.
Este es uno de los puntos del proyecto de ley número 21.632, que pretende regular y sancionar las actividades relacionadas con la lotería ilegal, como los tiempos clandestinos.
Y es que en los últimos años, el negocio de loterías ilegales ha aumentado y a diferencia de la Junta de Protección Social que paga 70 veces la inversión realizada por los clientes sobre tiempos electrónicos, los negocios ilegales pagan desde 80 hasta 98 veces, tal y como lo informó La Teja este miércoles.
La iniciativa “Prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para financiar programas sociales” fue presentada por la presidenta de la Junta, Esmeralda Britton y es apoyada por los diputados Gustavo Viales, del PLN y Carolina Hidalgo, del PAC.
“Mientras en ventanas y puestos comerciales ofrecen juegos ilegales, Costa Rica enfrenta esa ilegalidad con una ley que impide poner freno a los dineros de dudosa procedencia que los financian.
“Es nuestra responsabilidad proteger y defender los recursos que por ley le corresponden a los sectores más pobres del país.
“Seguir permitiendo el crecimiento de juegos ilegales es una forma de dar la espalda a las personas en condición de pobreza”, enfatizó Britton.
La estructura. El artículo 7 del proyecto habla de e la pena de cárcel que será impuesta uesta a todas aquellas personas s que participan en la venta nta de loterías o juegos s de azar ilegales.
“Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, quien fi- nancie, distribuya, a, administre, supervise, e, promocione, publicicite, contrate o emplee lee personas para la comercialización, venta ao o distribución de lotería ería o juegos de azar ilegales, ales, en cualquiera de sus s formas”, cita el artículo lo del proyecto de ley.
Así funciona. Al respecto, Marcela Sánchez, , asesora jurídica de la Junta, ta, definió cada uno de los papeles apeles que cumplen las personas que participan en esa cadena ilegal.
“Esta es una estructura grande, completa y solo así se puede entender la forma en la que se maneja en la actualidad el tema de las loterías ilegales. Y es que detrás de la persona que está en la ventanilla hay todo un grupo de colaboradores”, expresó.
Pero, ¿quiénes son, en criterio de la Junta, las personas que trabajan en la venta de loterías ilegales y que se podrían ir con todo por participar en este tipo de negocios?
La que financia: son las personas que popularmente se denominan la “banca”. Manejan altas cantidades de dinero, se encargan de pagar los premios.
–La que distribuye: este tipo de loterías se han modernizado
y estas personas se dedican a reclutar puntos de venta.
–El que administra: es una persona que puede manejar uno o varios puntos de venta, por sectores o modalidad.
–El que supervisa: garantiza que los puestos funcionen correctamente.
–El que publicita: al igual que un empresa, hay personas que se dedican a hacerle publicidad a los puestos ilegales.
–El que contrata o emplea: busca a las personas que están vendiendo en los puntos de venta y algunas colaboran solamente lamen en el puesto o contrata para que q colabore en establecimientos mient como supermercados.
“Lo que buscamos con la ley es atacar ata esa estructura que se ha adu adueñado de los puestos ilegales, los que tienen una mayor cuota de participación en este negocio”, negoc manifestó.
Poner Pone reglas. Esmeralda Britton Britt destacó que el proyecto pretende que las municipalidades nici le hagan frente a los puestos de lotería ilegal ileg y que los empleados públicos púb ayuden a denunciar cia a los tiemperos.
““E En la actualidad existe un vacío v que se debía llenar. Con e este proyecto se faculta a emple empleados públicos para que, desde su área de acción puedan d denunciar aquellos puestos qu que no están autorizados por la Junta y también destaca el p papel de las municipalidades, pues son los únicos autorizados para cerrar locales. “Nosotros podremos supervisar si los municipios no cumplen cuando les llega una denuncia”, aseguró Britton.