Investigación fue un bombazo
CASO DE ATENTADOS EN LA ASAMBLEA Y TELETICA ES EL MEJOR BRETE DEL AÑO
Resolver el caso de un grupo que puso bombas en la Asamblea Legislativa y en Teletica, el cual además planeaba hacer otro atentado en el parque Nacional el pasado 15 de setiembre, fue la mejor investigación de la Policía Judicial este año.
Así lo dieron a conocer ayer los meros meros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para reconocer los casos más importantes llevados con éxito por la institución.
El primer lugar fue para los agentes de Delitos Varios, quienes realizaron la investigación de las bombas.
Gracias a su labor, los agentes judiciales arrestaron el 22 de octubre a seis hombres de apellidos Sandoval Alvarado, Gutiérrez Pizarro, Borbón Navarro, Navarro Naranjo, Calderón Navarro y Ureña Wong, así como a una mujer apellidada Fernández Castro.
Todo inició el 26 de junio pasado con el análisis de un explosivo que hallaron en el despacho de la diputada Zoila Rosa Volio. Esa bomba era similar a una bombeta de turno, pero le agregaron nitrato de potasio y la envolvieron en un material para darle más potencia.
Luego los explosivos delincuentes pusieron otra bomba el 27 de julio en las afueras de Televisora de Costa Rica. Estaba hecha con un extintor, pólvora negra y nitrato de potasio; el extintor servía también de compresor, lo cual le dio más potencia al explosivo en comparación con el primero.
Armando González Sibaja, jefe de la sección de Delitos Varios, afirmó que notaron que estaban ante un patrón serial en la colocación de explosivos.
“En la Asamblea utilizaron un explosivo con una capacidad de detonación, pero le faltó un factor de explosión, calor y choque. En el segundo ellos trataron de evitar el error que cometieron y utilizaron otro tipo de pólvora en la que era más fácil hacer la detonación, basándonos en esto sabíamos que tenían que ser personas que tuvieran cierto conocimiento en la fabricación de bombas”, dijo González.
Pero la cosa no quedó ahí, el grupo planeó un nuevo golpe y modificó las bombas para que fueran más dañinas. Esas pretendían hacerlas estallar el 15 de setiembre, pero un día antes la policía detuvo al hombre de apellido Borbón, quien llevaba en un bulto dos bombas. Lo agarraron en El Guarco de Cartago mientras viajaba en bus.
Los explosivos estaban activados, tenían un temporizador y eran similares al usado en Teletica, pero estaban reforzados con metralla (objetos pequeños como clavos, balines o tornillos que salen expulsados cuando el aparato explota).
Wálter Espinoza, director del OIJ, dijo en esa oportunidad que esas bombas son muy peligrosas, ya que los objetos que lanzan pueden herir a personas o incluso matarlas.
Pescan a Víquez. El segundo caso más destacado fue el que permitió la captura del sacerdote Mauricio Antonio Víquez, quien jaló a México para evitar enfrentar la justicia, ya que tenía varias causas de abuso sexual.
El cura fue detenido el domingo 18 de agosto mientras permanecía escondido en una casa en San Nicolás de los Garza, en Monterrey de Nuevo León, México.
Los ganadores fueron los agentes de la sección de Ciberdelitos, quienes siguieron cada movimiento de Víquez por medio de sus redes sociales.
El religioso salió del país el 7 de enero de este año, tras ser notificado de una denuncia en su contra por abuso sexual. Debido a eso se inició una investigación para dar con su paradero.
El 11 de abril los agentes judiciales recibieron información confidencial de que Víquez estaba activo en las redes sociales bajo el nombre de Antonio. Al revisar los perfiles se dieron cuenta que la persona que los administraba efectivamente tenía características similares.
El dato que terminó de convencerlos fue una publicación que hizo el 18 de abril sobre la muerte de un pariente cercano, que coincidió con la muerte de un tío de Víquez. “Logramos verificar que la dirección IP con la que se abrieron las cuentas estaban en México y eran de telefonía móvil”, detalló Espinoza el día que anunciaron la captura.
Actualmente la extradición del sacerdote está en proceso.
Caso colombiano. El tercer caso premiado fue el homicidio del colombiano Diego Fernando García Lemus, de 42 años, a quien decapitaron y dejaron abandonado a la orilla de una calle cerca de El Cristo de San Ramón, en Alajuela.
El caso fue resuelto por el OIJ de San Ramón, sede que en los últimos tres años ha ganado de manera consecutiva.
El hallazgo del cadáver se dio el 28 de abril del 2018, pero luego de una investigación el 21 de noviembre de ese año la policía detuvo a cuatro integrantes de una presunta banda narco que lo habría retenido durante tres días y hecho llamadas extorsivas a los familiares de la víctima en Cali, Colombia.
La policía había detallado que García era también miembro de la organización criminal y se encargaba de cobrar la plata de los cargamentos de droga que el grupo vendía.