Anulan primera boda gay
El primer matrimonio gay en el país, entre Laura Florez Estrada y Jazmín Elizondo Arias, realizado en el 2015, fue anulado por el Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial de San José. Además, el abogado Marco Castillo quien realizó la unión recibió un fuerte castigo.
Así lo dio a conocer el medio Delfino.cr, (sentencia 45-2020 y fue emitida el pasado 27 de enero). El juez Francis Porras acogió una denuncia formulada por Guillermo Sandí, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado.
Laura y Jazmín se casaron gracias a que la última aparecía como hombre en el Registro Civil, situación que fue catalogada como fraude notarial por el juzgado.
Según Delfino.cr, el juzgado probó que Marco Castillo, abogado y notario, que hizo el matrimonio, insertó datos falsos sobre el sexo biológico de una de las cónyuges al referirse a ella como “soltero” e “hijo de”.
Por esa razón le impusieron una suspensión de 14 años y 10 meses. Castillo en la actualidad tiene 76 años.
La sentencia ordena la ineficacia absoluta (que carece de efecto) del matrimonio entre Laura y Jazmín y ordena al Registro Civil la inmediata cancelación de la inscripción con efecto retroactivo.
Apelará. Castillo dijo a La Teja que apelará la decisión y de ser necesario elevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Esta sentencia es absolutamente contraria a los derechos humanos y es contraria a lo que ya resolvió la Sala Constitucional de Costa Rica. Es contraria al fallo penal sobre el mismo tema que ordenó inscribir el matrimonio”, aseguró Castillo.
Sobre el supuesto fraude notarial, Castillo aseguró que no existe porque el registro dio una certificación de que uno era hombre y la otra mujer.
“La escritura está bien hecha porque casó a un hombre con una mujer”, dijo Castillo.
Es una persecución a una población en particular e implica vulnerar el Estado de derecho con estrategias del miedo”.
En peligro. Otros matrimonios entre personas del mismo sexo también están en peligro, ya que el fallo cuestiona que el Registro Civil no haya denunciado a los notarios que han registrado dichas uniones sin que entre a regir oficialmente el plazo dado por la Sala Cuarta para hacer válido este tipo de uniones (mayo del 2020).
Larissa Arroyo, abogada y activista LGTBI, aseguró que están muy preocupados.
“Costa Rica es un Estado de derecho, tenemos una opinión consultiva de la Corte Interamericana que es vinculante y jerárquicamente superior a la misma ley. De manera que tenemos una persecución por parte del Estado hacia aquellos notarios que cumplen esta jerarquía que el TSE estableció”, dijo la abogada.
Larissa Arroyo Activista LGTBI