Este no es un juego de niños
La casa de la diputada liberacionista Karine Niño Gutiérrez fue allanada por la Fiscalía General ya que, presuntamente, se adueñó de una propiedad de forma ilegal.
Además se allanó el bufete del abogado que supuestamente cometió delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso. La legisladora este mismo jueves envió un comunicado explicando que se trata de un problema familiar.
El operativo comenzó la mañana de este jueves en la vivienda de la diputada, en Pozos de Santa Ana y en la oficina de un abogado de apellidos Quesada González en barrio Escalante, San José.
De acuerdo con la fiscalía, en febrero la diputada y el abogado habrían, presuntamente, acordado llenar con información supuestamente falsa, el protocolo del notario público.
“Según se investiga, él (Quesada González) habría protocolizado un acta de la Asamblea Extraordinaria de socios de la empresa afectada, incluyendo información falsa relativa al nombramiento de la señora Niño como secretaria, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa víctima, para, posteriormente, inscribir dicho nombramiento ante el Registro de Personas Jurídicas”, explicaron en la oficina de prensa del Ministerio Público.
En el comunicado de prensa, la diputada Niño asegura: “Esta situación esta relacionada con una disputa legal por bienes patrimoniales entre mi mamá y mi persona, bienes ubicados en Guanacaste. Este proceso se inició por una denuncia que me interpuso mi mamá en marzo anterior y que se tramita en
instancia judicial”.
Del tata. Agregó que estos bienes son del papá de ella y no tienen relación alguna con el cargo que actualmente ejerce.
“Esperaría que esta situación no se esté maximizando precisamente por la investidura que poseo. De esta manera pido respeto como cualquier otro ciudadano ante problemas que acontecen en el seno de la familia”, dijo.
Al tratarse de un proceso en contra de una persona miembro de los Supremos Poderes, las diligencias han sido autorizadas por la Sala de Casación Penal y se realizan con la participación directa de la fiscala General en ejercicio, Paula Guido Howell, por establecerse de esta manera en la legislación.
Además explicaron que por tratarse de un caso en investigación no darán más detalles.
El Código Penal castiga el delito de falsificación de documentos y falsedad ideológica con uno a seis años de cárcel.