Pegadas con grapas
La Unión Médica Nacional está preocupada por la calidad de mascarillas N95 que han entregado al personal médico del hospital de las Mujeres Adolfo Carit, en San José, y al hospital Max Peralta de Cartago.
La organización asegura que, actualmente, las mascarillas descartables siguen siendo utilizadas en esos centros hospitalarios, pese a la advertencia del personal a cargo de atender la pandemia.
Entre las principales observaciones hechas hasta el momento destaca que este artículo no cuenta con ninguna advertencia o recomendaciones de uso.
A los anestesiólogos del Max
Peralta se les están entregando algunos de estos cubrebocas que presentan serias anomalías en su fabricación, por ejemplo, que las tiras de sujeción están adheridas con una grapa, lo cual no garantiza ningún tipo de sello a dicho respirador y que puede causar lesiones faciales por su uso.
“Solicitamos que de forma inmediata y expedita se retiren estos cubrebocas de los centros a los que fueron enviados y se entreguen respiradores N95 en la cantidad y calidad necesarias y que, por supuesto, cuenten con todas las certificaciones que requiere la atención de esta pandemia”, dijo Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional.
Piden renuncia. En otro enredo relacionado con mascarillas, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines pide la renuncia de Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la Caja y de su asesor Hans Vindas, ya que la organización los señala de adjudicar a la empresa MR Comunicaciones una compra millonaria de mascarillas, la cual no ha sido cumplida.
“Esta situación pone al desnudo una serie de irregularidades en un proceso amañado por parte de la gerencia logística, no podemos señalar a la Caja en su totalidad por el pilar fundamental de nuestra democracia. Esto hay que colocarlo en su justa dimensión, aquí el responsable es el gerente de Logística, ante un proceso atropellado con serias falencias que detectan irregularidades y aparente corrupción”, expresó Lenín Hernández, secretario general del sindicato.
Esta situación ya esta siendo investigada por la Fiscalía, pero de momento no hay personas identificadas como sospechosas.
Román Macaya, presidente de la Caja, dijo que la junta directiva está a la espera de un informe de auditoría interna.
“Estamos en un Estado de derecho, tenemos que buscar la información que nos ayude a tomar las decisiones más acertadas posibles y que sean justas, pero igual firmes cuando sea necesario, no vamos a titubear si encontramos algo mal hecho, pero hay debidos procesos y esto no es una cacería de brujas y tenemos que tener ahí ese balance”.