Con los tacos de frente
La sorpresa de ver al diputado Dragos Dolanescu con tan llamativa mascarilla se dio durante la comparecencia del presidente Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa por el caso UPAD.
La UPAD era la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, una oficina mandada a crear por Alvarado, a principios del 2019, que se encargaba de conseguir información de los costarricenses que después era utilizada por un equipo para ver en qué campos debía el Estado enfocarse.
La UPAD podía tener acceso a la información confidencial de las personas y entidades del Gobierno. En febrero del 2020, por la polémica que se armó con el supuesto uso que se daba a los datos, Alvarado ordenó que se frenara el trabajo que hacía.
El mandatario dijo ayer que desconocía si el equipo legal de Casa Presdencial revisó el decreto que permitía a la UPAD conocer esa información confidencial.
Sin espías. El presidente negó ayer que la UPAD se hubiera utilizado con fines de espionaje, como algunos han señalado. “Ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”.
Negó también que los datos se hubieran vendido a terceras personas o que se les haya dado un uso electoral. “Nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales”, afirmó.
Los encontronazos con el diputado Dolanescu estuvieron entre lo más sonado de la jornada.
El legislador entró con los tacos de frente. “Voy a ser muy duro con usted”, le dijo a Alvarado. Y en un momento le aseguró al mandatario que aquello no era una conversación y que las preguntas las hacía él.
La presidenta de la comisión investigadora, la liberacionista Silvia Hernández, intervino y le pidió a Dolanescu que preguntara de forma respetuosa.
Hacia el final del interrogatorio de Dolanescu, Alvarado le dijo al diputado que preguntaba con mala fe porque le había cuestionado sobre la clave de uno de sus celulares decomisados en febrero del 2020 cuando ya sabía que era 1,2,3,4,5 y 6.
Horas después, la Fiscalía General le solicitó al director del OIJ, Wálter Espinoza, abrir una investigación penal para determinar cómo se filtró al público la clave de uno de los teléfonos del presidente luego de que el aparato fue decomisado por el Ministerio Público.