PELIGRO HOMBRES 'TRABAJANDO'
Funcionarios habrían sido sobornados con carros, casas, favores sexuales y plata
El OIJ destapó un huecote vial, de al menos ¢78 mil millones, la mañana de este lunes cuando se dio a conocer que funcionarios públicos se habrían aliado con constructoras que, al parecer, les daban plata, carros, terrenos y hasta favores sexuales para obtener contratos de obras viales.
Las autoridades realizaron 57 allanamientos en el Conavi, Casa Presidencial, MOPT, y empresas constructoras entre estas Meco y H. Solís como sospechosas de corrupción y soborno en la función pública. Más de 700 agentes judiciales y auditores expertos y personal en informática participaron en la investigación.
También investigan a las empresas Constructora Herrera, en San Carlos; Constructora Montedes, en Orotina, y Alsofrutales, en Heredia; lo mismo ocurre con la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa) e Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).
Las intervenciones telefónicas que se tiraron los agentes del OIJ durante nueve meses, desde que la situación fue denunciada, fueron claves para destapar lo que presuntamente estaba ocurriendo.
En total fueron detenidas 29 personas hasta la tarde de este lunes, en el Conavi fue detenida Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveeduría Institucional; José Rojas Monge, director financiero; Edgar May Cantillano, gerente de Conservación de Vías y Puentes; y Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo.
Además, Hugo Zúñiga Fallas y Harold Mora Obando, funcionarios de la gerencia de Conservación Vías y Puentes y de la dirección de Costos de Vías y Puentes; Laura Chaves Mora, de la Unidad Ejecutora del puente Binacional sobre el río Sixaola; Marcela Monge Hernández, de la gerencia de Adquisición y Finanzas; así como un ingeniero identificado como Abraham Sánchez Castro.
También los funcionarios del departamento de Ejecución Presupuestaria, Eliécer Rivera Campos y Mauricio Ortiz Vega; y Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi.
En la empresa Meco fue detenido el empresario de apellidos Cerdas Araya y en la constructora H. Solís, la apoderada una mujer de apellido Solís Vargas.
Los otros arrestados son de apellidos Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Bonilla Guillén, Abarca Quesada, Martínez Martínez, Herrera Chacón, Castro Rodríguez, Cervantes Morales, Mora Obando, Quesada Pérez, Zamora Zamora, Ureña Villalobos, Quesada Aguirre, Rodríguez Araya, Max Sittenfeld Apple.
Entre los investigados también está Camilo Saldarriaga Jiménez, asesor de confianza del presidente de la República,
Carlos Alvarado, quien renunció a su cargo después de que el OIJ le allanara su casa y oficina. Además, Allan Ugalde Rojas, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), también figura en el escándalo.
Los delitos por los que los judiciales allanaron las oficinas del gobierno son presunto tráfico de influencias, cohecho, falsedad ideológica, peculado y asociación ilícita.
“Estamos ante personas que aprovecharon sus trabajos para obtener sobornos de empresas privadas y favorecer los costos de los montos de la obra pública y en el caso de las empresas privadas favorecer su situación comercial”, dijo el director del OIJ, Wálter Espinoza.
Operativo histórico.
El líder del OIJ aseguró que este es uno de los operativos más importantes y que vienen investigando desde el 2019, cuando recibieron varias denuncias que hablaban directamente de corrupción pública en el ámbito de conservación y mantenimiento de la red vial y que supuestamente daban ventaja a varias empresas que tenían el monopolio de las licitaciones y recibían beneficios irregulares.
“Se investigan al menos 35 eventos delictivos”, destapó el jefe policial.
Espinoza aseguró que, al menos, se han malversado ¢78 mil millones. Presuntamente, los funcionarios ayudaban a las empresas para que los dineros de algunas partidas o proyectos les fueran girados lo que les permitía inyectarse de recursos, pero afectaban los proyectos para los que estaban destinados esas platas.
Al ser un caso de crimen organizado las autoridades judiciales solicitarían que se levante el secreto bancario.
“La prueba que se procura obtener en esos sitios es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes, conforme lo dicta la ley en este tipo de diligencias y con la presencia de un juez penal de Garantías en cada lugar. Las personas imputadas se encuentran a la orden de la FAPTA en calidad de detenidas y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria; tras el análisis de la situación particular de cada una de estas, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares, mientras avanza la investigación”, dijo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
De momento ninguna obra vial ha sido paralizada por lo ocurrido.