Huellas guiaron al OIJ
DESAPARICIÓN DE DOSIS
Las huellas que un auxiliar de enfermería de apellidos Vásquez Pérez dejó cerca de donde se guardaban vacunas contra el covid-19 que desaparecieron de la clínica de San Rafael de Alajuela llevaron al OIJ directo hasta él.
El empleado, de 33 años, y un guarda de apellidos Chaves Araya, de 38, fueron detenidos como sospechosos de adueñarse de 264 dosis.
A Vásquez lo agarraron en una vivienda el sábado, pero ya había sido detenido un día antes (en la clínica) en relación con una orden de captura que había contra él por un caso de supuesta violencia doméstica. Aquel mismo día lo dejaron en libertad.
Al oficial de seguridad lo detuvieron en la clínica también este sábado 31.
Las autoridades lograron vincularlos con el supuesto robo de las dosis gracias a videos de seguridad.
La Policía Judicial comenzó a investigar la desaparición de las vacunas el miércoles 28 de julio, cuando recibió la denuncia por parte de una funcionaria del centro de salud de San Rafael; sin embargo, el robo habría ocurrido el día anterior.
“De acuerdo con las pesquisas que hemos realizado la participación eventual de estas personas (auxiliar y guarda) se relaciona con sus actividades funcionales y con la presencia (en la clínica) en el momento que ocurrieron los hechos”, dijo Wálter Espinoza, director del OIJ.
Espinoza agregó que el sitio donde guardaban las vacunas fue abierto de manera irregular el pasado martes a las 8 p.m.
“Logramos obtener tomas de video que nos permiten ubicar a Vásquez en el sitio en horas que coinciden con las de la sustracción y adicionalmente localizamos huellas suyas en un recinto cercano al lugar donde se mantenían las provisiones de estas vacunas”, agregó Espinoza.
Llegaron directo. El sábado 31 de julio, ya con más información, el OIJ allanó la casa de la mamá del auxiliar, en San Rafael de Alajuela. Allí no encontraron las vacunas, pero sí a Vásquez, que estaba en una vivienda cercana a la de su madre.
La Fiscalía de Alajuela dijo que al auxiliar y al guarda se les investiga por el delito de hurto agravado.
El Ministerio Público le pidió al juzgado penal que les impusiera como medidas cautelares la suspensión del cargo, firmar todos los días, prohibirles la entrada al centro médico, no salir del país, ni comunicarse, amenazar o perturbar a los testigos.
El juez acogió la solicitud pero únicamente le puso las medidas al enfermero. Aunque sin medidas, el guarda sigue ligado a la investigación.
El viernes pasado uando las autoridades visitaron la clínica en medio de la investigación por las vacunas descubrieron que el auxiliar tenía una orden de captura porque no había actualizado sus datos personales por la investigación de aparente violencia doméstica.
Fue entonces cuando lo arrestaron por primera vez y lo llevaron a los Tribunales de Alajuela, donde actualizó los datos y luego lo liberaron.
Nada que aparecen. Wálter Espinoza informó que el sábado fueron allanadas tanto la casa de la mamá del auxiliar como la otra donde él estaba y buscaron las vacunas, pero no hallaron nada.
“Instamos a la población para que en caso de que les ofrezcan algún tipo de medicación relacionada con esta sustracción llame de inmediato a la línea confidencial del OIJ (800–8000– 645) y nos informe o que se presente a cualquiera de las delegaciones del OIJ del país”, pidió.
El director de la Policía Judicial advirtió de los riesgos tan grandes de recibir un medicamento de quienes no tienen conocimiento.
“Estas dosis, en condiciones irregulares, pueden ser peligrosas para la salud, pueden provocar graves perjuicios y, adicionalmente, podrían implicar algún tipo de responsabilidad penal para la persona que capta o recibe una vacuna ilegítimamente obtenida”, explicó.
“Por ello, para preservar la salud, la integridad física y para evitar problemas de orden jurídico, lo conveniente es rechazar cualquier invitación u ofrecimiento de adquisición de vacunas en condiciones irregulares y comunicarlo a la Policía Judicial”, insistió Espinoza.
Esta es la segunda investigación judicial en relación con el medicamento contra el covid-19.
La primera fue por el caso de un funcionario de apellido Arrieta que, presuntamente, no le habría puesto la dosis a un anciano de 82 años en Tres Ríos de La Unión, Cartago.
Esto ocurrió el miércoles 28 de abril. Arrieta fue detenido el viernes 30 de abril cuando caminaba por Sabanilla de Montes de Oca. Quedó libre el 1 de mayo, pero la investigación sigue.