Acusada por aprovechada
La exdirectora jurídica del Poder Judicial, de apellidos Monge Molina, fue acusada por el Ministerio Público debido a que, presuntamente, se aprovechó de su puesto para pedir a sus subalternos colaboración con la tesis para optar por el grado de doctorado en Derecho.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó la acusación ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, señalando que Monge habría cometido tres delitos por presunto peculado (utilizar recursos del Estado en beneficio propio) entre el 2016 y el 2017.
“En apariencia, Monge Molina empleó en provecho propio los bienes y servicios de la administración, propiamente, ordenando a dos de sus subalternos confeccionarle avances y revisión de su tesis de doctorado durante la jornada laboral y utilizando los equipos de cómputo de la institución.
“Asimismo, en el 2017 presuntamente ordenó a un funcionario de la Dirección Jurídica realizarle un trámite personal durante la jornada laboral, haciendo uso de un vehículo oficial de la institución”, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.
En cuanto a ese último trála mujer apellidada Monge Molina fue relevada de su cargo en noviembre del 2017, cuando la suspendieron 3 meses debido a la investigación administrativa por estos hechos. ella renunció en el 2018.
mite personal, trascendió que este sería, supuestamente, una solicitud que Monge le habría hecho a un notificador judicial para que fuera al estadio Eladio Rosabal Cordero, en Heredia, a inscribir a su hijo en la escuela de fútbol del Herediano.
Al parecer, en otra ocasión también envió al mismo funcionario a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia, para que llevara unas incapacidades de su esposo.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria (solicitud de indemnización), para el respectivo cobro de daños y perjuicios causados al Estado por las supuestas acciones de Monge.
Ahora el caso esta manos del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, el cual tendrá que señalar una fecha para una audiencia preliminar en la que se definirá si el caso va o no a juicio.