“Más bien pedimos la tercera dosis”
Los sindicatos de la salud respaldan la decisión de la Sala Cuarta que enfatizó que la vacuna contra el coronavirus es obligatoria para los trabajadores del Instituto Nacional de Seguros, Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud.
“No nos sorprende este fallo. Todos nuestros afiliados trabajan en la primera línea de batalla contra el covid-19 y por eso sabemos que la legislación sobre el tema se debe respetar.
“Estamos amarrados a lo que indica la Ley General de Salud y, en ese sentido, es bien clara en indicar que nosotros estamos obligados a cumplir con el esquema básico de vacunación del Ministerio de Salud y ya en este esquema se incorporó la vacuna del covid-19. Estamos obligados a vacunarnos para poder trabajar”, explicó Lenín Hernández Navas, secretario del Sindicato de Enfermería y vocero de la Mesa Patriótica (observatorio ciudadano del proceso de vacunación en Costa Rica).
Los magistrados declararon sin lugar 13 recursos de amparo, presentados en mayo pasado por breteadores de la Caja, quienes le dicen nel pastel al pinchonazo. 35 no se han vacunado.
“Esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar la obligatoriedad de las vacunas”, afirmaron los magistrados.
Por el paciente. “Tenemos claro que, por ejemplo, si trabajo con gripe, puede que a mí no me afecte, pero a un paciente con problemas de defensas o por el motivo que sea, esa gripe, si yo lo contagio, podría convertirse en neumonía. Vemos con buenos ojos que sea obligatoria”, explicó Lenín.
El secretario del sindicato de enfermería contó que, cuando inició la vacunación, tuvieron unos 500 funcionarios de salud que no querían vacunarse, pero con un trabajo de información clara, bajaron esa cifra al punto que ahora solo les quedan unos 35 que se siguen oponiendo.
“Los trabajadores de la salud más bien estamos pidiendo la tercera dosis. Enviamos una carta para que apuren esa decisión y nos han adelantado que para inicios del 2022 se tiene previsto la tercera dosis”, añadió Hernández, quien también habla a nombre de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado), que es parte de la Mesa Patriótica.
Vemos con buenos ojos que sea obligatoria”. Lenín Hernández Secretario del Sindicato de Enfermería
Prefiere el despido. Jairo Barrantes Vargas, informático de la Caja, quien presentó uno de los recursos de amparo, le dijo a La Nación que, a pesar de lo que diga la Sala Cuarta, no se vacunará, así le llueva tieso y parejo con las sanciones.
“Prefiero que me despidan, la verdad no sé si me abrieron un procedimiento o no, creo que todavía no porque no he sido notificado, pero en cualquier momento lo pueden hacer y pondré otros recursos de amparo”, declaró el funcionario.
Bien por todo lado. El epidemiólogo Yayo Vicente está muy contento con el fallo.
”Desde el punto de vista epidemiológico, entre más personas se vacunen, es mejor para ir llegando a la inmunidad de rebaño. Desde el punto de vista de la libertad de cada uno, también, pues no tengo derecho moral de afectar a otros. Desde el punto de vista económico, también, porque cuesta mucho dinero un paciente en cuidados intensivos.
“Parece que se abrió la puerta para exigir la vacuna, selección de clientes en negocios y demás actividades. Nadie tiene derecho de enfermar a otro por capricho, esos deben recibir la sanción social, como hacemos con los fumadores”, aseguró el experto.