Palabras espinosas
La Corte Suprema de Justicia tiene hasta el lunes 25 de octubre para decidir si sanciona o no a Walter Espinoza, director del OIJ, por sus declaraciones sobre el homicidio de Luany Valeria Salazar Zamora, ocurrido en junio del 2020.
Así lo detalló Joseph Rivera, abogado de Patricia Zamora, mamá de Luany, quien explicó que esto se debe a una resolución del Tribunal de Inspección Judicial, que recomendó que Espinoza reciba una acción disciplinaria.
“Estamos a la espera de que la Corte Plena, los 22 magistrados, determinen qué van a hacer por todas las situaciones misóginas y de violencia que generó don Walter contra la ya fallecida y su familia, al decir que Luany era trabajadora sexual, que era prostituta y que tenía una relación sentimental con un sicario de la banda de Pollo, lo cual es falso”, enfatizó el abogado.
La resolución del Tribunal se dio luego de que el abogado y la mamá de Luany denunciaron al director del OIJ por las declaraciones que dio ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa el 25 de junio del 2020.
Según Rivera, ellos aportaron varios documentos que desacreditan algunas de las cosas que dijo Espinoza, como por ejemplo la relación que, según él, Luany mantenía con un sujeto con el alias de “Cachetón”.
“En el expediente aportamos pruebas de que este señor, de apellido Romero, no es sicario ni tiene ninguna causa por narcotráfico, por lo que las declaraciones que hizo don Walter estaban desapegadas totalmente a la realidad de los hechos”.
El abogado dijo que tanto él como la mamá de Luany insistirán para que Espinoza sea retirado de la dirección general del OIJ, pues consideran que sus declaraciones son una falta gravísima.
“El objetivo que siempre ha querido doña Patricia es que en el Poder Judicial no hayan personas que usen su puesto de trabajo como una figura mesiánica para atacar a la gente más débil, lo que se pretende es buscar que hayan personas idóneas en esos puestos”, añadió Rivera.
Además de la denuncia presentada por la mamá de Luany, la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción lleva una investigación penal contra el director del OIJ por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato por ese mismo caso.