Libres, pero bien lejos de sus munis
Los seis alcaldes investigados en el caso Diamante tendrán que dejar sus sillas en las municipalidades durante seis meses como parte de las medidas cautelares que les dictaron mientras la investigación avanza.
Las medidas fueron dadas a conocer este viernes en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, la audiencia dio inicio a las 4 de la tarde. Además, no podrán salir del país.
Los alcaldes investigados son Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y Arnoldo Barahona (Escazú).
Que sigan recibiendo o no su salario dependerá del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ya que eso se resuelve por la vía administrativa.
Glen Calvo, fiscal del caso, no pidió prisión preventiva contra los jerarcas municipales detenidos, sino otras medidas cautelares como impedimento de salida del país, no acercarse a los municipios ni a testigos, firmar una vez al mes y que se les suspenda de su cargo.
Sin embargo, el gerente de operaciones de Meco de apellidos Gutiérrez Vargas, a quien le habían pedido cárcel, por el momento no irá a prisión, le dieron arresto domiciliario y le pondrán una tobillera.
A un funcionario de Explotec de apellidos Cruz Porras le pusieron como medidas no salir del país, firmar cada mes, y no acercarse a los testigos.
Todos fueron detenidos por supuestas irregularidades entre alcaldes y la empresa Meco en obras públicas a cambio de dinero, carros y hasta arreglos en sus comunidades y otros favores.