DEPÓSITO DIVIDE A GOLFITO
Los concesionarios del Depósito Libre de Golfito, cámaras de comercio y turismo de la zona y vecinos realizaron la mañana de ayer una marcha pacífica.
Los manifestantes salieron para pedirle a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) que elimine la propuesta de licitar los locales que actualmente se encuentran en operación. Ellos salieron del Banco Nacional de Río Claro hacia el puente de río Lagarto
“Le estamos solicitando a la Junta que baje ese cartel de licitación de Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) y empecemos con un cartel nuevo donde se adjudiquen primero los once locales que están desocupados y no los 26 locales que están trabajando, porque si adjudicamos estos, en cuestión de meses se estaría dando un cierre técnico del depósito”, explicó Ronald Brenes, trabajador del local número 6.
Según explicó Brenes, dicho cierre se daría como consecuencia de que los concesionarios actuales dejarían de importar mercadería, lo que implicaría menos oferta, el despido de sus empleados y que se vayan del lugar.
Es por ley. Al respecto, Gabriel Villachica, vicepresidente de Judesur, explicó que la ley 9843 indica, en un transitorio, que la Junta directiva de Judesur debe sacar a licitación los locales prorrogados 22 meses antes del vencimiento de la prórroga, la cual se da en la primera semana de mayo del 2024.
“En cumplimiento de ese mandato, procedimos a sacar a licitación los 26 locales prorrogados. Ellos aducen que no se les da igualdad de condiciones, pero es que se trata de una licitación pública y no se puede favorecer a nadie”, agregó Villachica.
Sobre los 11 locales que están desocupados, Villachica asegura que también se sacarán a concurso, que lo tenían programado para marzo, pero a raíz de la falta de un nombramiento del directorio ejecutivo, los planes se atrasaron, pero se espera hacerlo antes de que termine este mes.
Esas decisiones tienen preocupados a los comerciantes, ya que podría significar el cierre del depósito.
“Los nuevos concesionarios van a durar de seis meses a un año para empezar a trabajar en un local comercial y eso va en detrimento del depósito, ya que vamos a tener menos visitación y seríamos 500 empleados directos sin trabajo y 5.000 indirectos, lo que afectarían también las becas que Judesur da y otras obras sociales que se brindan con los dineros que genera el depósito”, agregó Brenes.
La asesora legal de los concesionarios, Susan Naranjo, asegura que la actividad de Judesur involucra el comercio de sodas, restaurantes, hoteles y guías turísticos, por lo que la medida atenta contra la economía de toda la zona.
“El deber de Judesur desde junio del 2020 era concesionar los 11 locales que se encuentran desocupados lo cual no se ha hecho al día de hoy y nos resulta cuestionable cuál es el desarrollo que se pretende cuando más bien las fuentes de empleo que se están generando, son las que se ven en riesgo”, agregó Naranjo.
Los manifestantes han tenido dos reuniones previas con los representantes de Judesur, sin embargo, no han visto disposición por cambiar su posición.
Diversidad. El vicepresidente de Judesur añadió que la idea de su representada es llenar los locales del depósito, con diversidad de productos donde los visitantes encuentren todo lo que necesitan y no tengan que ir hasta la frontera con Panamá, principal competencia.
“Esta ley todos la conocían, así que lo que se diga hoy de que peligran los empleos, no podemos predecirlo. Lo que les recomiendo es que presenten los documentos solicitados en el cartel y entre más rápido la presenten, más rápido se adjudica y no esperar que se venzan los 22 meses. Siempre se les respetará el contrato, esperemos que todos concursen y se queden donde están actualmente”, aclaró Villachica.
Agregó que respetan el movimiento de los concesionarios porque todos tienen derecho a manifestarse, pero considera que la gente de San José y de otros lugares van a pensar que el depósito está cerrado por estar ellos en las calle.
La abogada Naranjo advirtió: “La decisión de promover la licitación, lejos de generar el desarrollo puede generar un absoluto caos económico en la zona porque ellos licitan y por tratarse de un régimen aduanero especial se requieren una serie de permisos que pueden tardar hasta un año en obtenerse y en ese plazo no se va a contar con fuentes de empleo ni generación de recursos ¿y de qué va a vivir la gente ese año?”.