Vínculos colaterales del salario mínimo
EL FUTURO DEL TRABAJO EN PANAMÁ PLANTEA RETOS PARA LOS EMPRENDEDORES, LAS UNIVERSIDADES Y EL CONTROL DE LA MIGRACIÓN.
El futuro del trabajo en
Panamá plantea retos para los emprendedores, las universidades y el control de la migración.
EN UN FUTURO PRÓXIMO, EL 70% DE LOS EMPLEOS SERÁN PARA TÉCNICOS”.
Panamá arrancó el año con un polémico aumento en el salario mínimo: 6,5% para trabajadores de grandes empresas y 4,5% para los de medianas y pequeñas. A él tendrán acceso 34% de la fuerza laboral formal del país, es decir, 292.000 trabajadores. Los colaboradores catalogan el alza de insuficiente, mientras los empresarios alegan que afectará la economía porque para hacerle frente tendrán que bajar costos, aumentar el precio de sus productos y servicios al consumidor y hasta reducir personal. Por su parte, el gobierno mantiene que está apegado a los indicadores económicos del país, elogiado a nivel internacional por su crecimiento firme y sostenido.
Durante más de 4 meses, en la mesa de negociación prevalecieron la falta de consenso y las posiciones dispares entre sindiellos catos y empleadores, por lo que la medida entró en vigencia por decreto ejecutivo. En el ambiente se levanta otra gran interrogante: ¿Ocasionará mayor informalidad?
“No per se, pero se montará sobre una serie de tendencias que se vienen gestando desde hace rato. Los cambios en la estructura encarecen la mano de obra, lo cual conlleva a despidos y obliga al grupo afectado a buscar alternativas desde la informalidad. A se añaden los miles de estudiantes que abandonan los estudios secundarios, junto con los terminan la secundaria e ingresan directamente al mercado laboral, sin optar por formación universitaria, ni técnica”, responde el consultor René Quevedo, experto en planificación, rentabilización y planificación estratégica.
“El año pasado hubo muchos despidos y pienso que este 2018 también se van a dar. ¿Hasta dónde? No lo sé. Qui-
zás no sean tan caóticos, pero sí habrá ciertos sectores afectados”, sostiene Juan Gabriel González, abogado laboral y miembro de la Comisión Nacional del Salario Mínimo por parte de la empresa privada. Ambos externaron sus apreciaciones en un foro sobre el futuro del empleo, organizado por Diario La Prensa, la firma de abogados Alfaro, Ferrer y Ramírez y Deloitte.
Lo informal sin número
La falta de radares adecuados para medir la informalidad es otro aspecto que causa preocupación.
“Se cataloga como trabajador informal al que no tiene contrato laboral, no tributa sobre renta devengada, ni tiene acceso a la seguridad social. Pero la categoría también la integran los patronos con menos de 5 empleados, el servicio doméstico y los empleados familiares, así como los trabajadores por cuenta propia, que sí cotizan a la Caja de Seguro Social, tienen aviso de operación y pagan impuestos. Hay que diferenciar la informalidad por necesidad del emprendimiento por oportunidad. No podemos poner en el mismo saco al universitario que se está lanzando al mercado, con la empleada doméstica o un vendedor ambulante”, explica Quevedo. Y va más allá: “El motor del empleo en este país y en el mundo entero es el trabajador independiente, pero se ha trivializado la informalidad a un tema solo de buhoneros y extranjeros, cuando tiene muchos aspectos a tomar en cuenta. Entre ellos, tantos requerimientos del régimen laboral y sus costos, la rapidez para establecer un negocio informal y la falta de barreras para la informalidad, junto con el limitado acceso y el alto costo de crédito empresarial, el desconocimiento del beneficio de la formalidad y la incursión prematura de jóvenes a un mercado laboral para el cual no están preparados”.
Se suma al problema la deserción escolar, la cual alcanza el 56% –no tan diferente al promedio latinoamericano– según un estudio del BID de 2016. Entre 2004 y 2009 hubo más de 7 mil desertores por año; a partir del 2010, el promedio ronda los 13.000. Otro detalle: 95% de los jóvenes de escasos recursos terminan la secundaria y buscan trabajo de inmediato, en vez de continuar la universidad. “Eso demuestra que tenemos un sistema educativo totalmente divorciado de la calidad laboral y no está generando las competencias que el sector productivo requiere”, enfatiza Quevedo.