¿Inversiones frustradas o sangría legalizada?

En los últimos 30 años ha aumentado la presión de los inversores extranjeros sobre los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de estos. De seis casos conocidos en 1996, pasaron a mil 190 en la actualidad.

En dicho período, los Estados fueron condenados a pagar 33 mil 638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario público. Según el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, esa cifra representa un tercio más que las pérdidas por causa del impacto de las catástrofes climáticas en el continente entre 1970 y 2021.

Según el reciente informe elaborado por Bettina Müller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigadoras del TNI, Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los países que han soportado una mayor presión jurídica en estas últimas tres décadas.

Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) son los instrumentos que permiten tramitar estas demandas. Tienen como objetivo proteger la seguridad jurídica de los inversores pero, como lo explica la organización española Ecologistas en Acción, suelen incluir una serie de disposiciones siempre favorables a las transnacionales y que impiden, por ejemplo, las expropiaciones directas o indirectas y rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.

Sin duda, la disposición más perniciosa es la relativa a la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cumplido con una u otra cláusula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho país y denunciarlo ante tribunales internacionales.

Las instancias a que suelen recurrir las grandes empresas son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es el más solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM).

Las tres pueden dictar sentencias de indemnizaciones a favor de los inversores, que en la mayoría de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que los empresarios estiman que han dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el país demandado y que el acusador considera lesiva a sus intereses.

Estos acuerdos, calificados por la organización ecologista española como “una herramienta fundamental para la globalización liberal”, tienen al menos tres elementos a su favor: enunciados sumamente vagos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo; métodos opacos y para nada transparentes utilizados para resolver los procesos y; como señala Ecologistas en Acción, “la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE”, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no sucede a la inversa.

Según el informe del TNI, en los últimos 30 años, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribeños representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continente, la gran mayoría (86,8 %) fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presentadas ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial.

Los resultados hablan por sí mismos: las empresas les han ganado a los Estados en el 62 % de los casos resueltos, ya sea por un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes. De los 42 países de América Latina y el Caribe, 23 han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular saña se expresa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); México (38); Perú (31) y Ecuador (25).

Este mecanismo de enjuiciar a los Estados de la región se intensificó entre el 2011 y 2021, período en el cual se duplicaron las demandas. Estas corresponden mayoritariamente a multinacionales que operan en los sectores de la minería y la extracción de gas y petróleo. También tocan de forma significativa a empresas que lucran con gas, electricidad y manufactura en general.

Argentina, con el 87 % de sus juicios perdidos, es el país del continente que sufrió más derrotas ante ese tipo de tribunales. Tiene el récord de lo que pagó en una sola causa: 5 mil millones de dólares a la empresa española Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas resueltas en su contra han significado 9 mil 222 millones de dólares que debió entregar a los inversores.

Venezuela, la segunda nación más sancionada del continente por los tribunales internacionales ha visto que el 64 % de las demandas en su contra se han resuelto en su contra. Tiene a su haber el laudo más costoso de la región: en el 2019 el Tribunal del CIADI le ordenó pagar 8 mil 366 millones de dólares a la transnacional Conoco Phillips.

El Transnational Institute ha constatado que los Estados casi siempre resultan perdedores. Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a su favor deben desembolsar millones de dólares para contratar firmas de abogados defensores que pueden cobrar hasta 1 000 dólares por hora de asesoramiento. Caso emblemático el de Ecuador, que hasta el 2013 había gastado 155 millones de dólares para garantizar su defensa jurídica y pagar gastos producto del arbitraje.

Hasta el momento los tribunales han condenado a las naciones del continente latinoamericano a desembolsar 33 mil 638 millones de dólares. Según cálculos de las Naciones Unidas con ese dinero se podría resolver el drama de la extrema pobreza en 16 de las naciones del continente: “El monto representa más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores del 2020) y un tercio más que el total de las pérdidas que soportó la región entre los años 1971 y 2021 debido a las catástrofes climáticas”, argumenta el TNI.

En cuanto a las demandas pendientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) les podría significar pérdidas adicionales por 49 mil 626 millones de dólares a América Latina y el Caribe. Realidad contundente y dramática de un combate institucionalizado desigual.