Transparencia y calidad de la información fiscal

«Por primera vez, el Ministerio de Hacienda presenta de manera integrada las transacciones de ingresos, gastos y financiamientos del Gobierno. Para los hacedores de políticas presenta una descripción de las principales partidas de ingresos, gastos y variaciones de activos y pasivos financieros. Para los académicos e investigadores ofrece insumos para estudios de eficiencia de ingresos y gasto público y para la ciudadanía en general, es una forma de estar informado y atento al uso correcto de los fondos públicos». Donald Guerrero, Ministro de Hacienda, noviembre 27, 2018

La transparencia – ese concepto etéreo que parece ser propio de quienes no tienen los pies sobre la tierra – es fundamental en más de un sentido. Cuando los procesos se llevan a cabo a plena luz del día el escrutinio de la ciudadanía tiene un impacto positivo en la calidad de los mismos. Y, además, reduce la probabilidad de que los recursos públicos sean manejados de manera dolosa, como ocurre con tanta frecuencia. Por eso, es un paso positivo que el Ministerio de Hacienda haya lanzado su nuevo portal institucional con la inclusión de los datos fiscales en un formato que integra los ingresos, los gastos y el financiamiento, tal como lo ha venido haciendo la Dirección General de Presupuesto; por lo que habría que asegurarse que este nuevo esfuerzo represente realmente un valor agregado al sistema de estadísticas fiscales.

Es muy común que la transparencia de la información se confunda con la abundancia de la misma, aunque de alguna forma estén correlacionadas. La disponibilidad de los datos es importante para la transparencia, pero se puede tener una gran cantidad de datos sin que eso signifique una mayor transparencia. Por ejemplo, series de datos más amplias del gasto público no necesariamente significan que los procesos detrás de ese gasto sean más diáfanos. De ahí que, más allá de la abundancia o redundancia de datos, la calidad sea el factor clave para capturar la idoneidad de los procesos mediante los cuales se han generado esos datos.

Y, justamente, el presupuesto del Estado es el instrumento de la gestión pública que mayor transparencia demanda o requiere. Tanto en la formulación como en su ejecución. En particular, es en la ejecución presupuestaria en donde se presentan las mayores oportunidades de corrupción y de manipulaciones estadísticas. Por tanto, en esta área deben hacerse los mayores esfuerzos de transparencia si realmente el propósito de las autoridades es defender el interés público.

Pero, desafortunadamente, hay indicios de que la transparencia sigue siendo una tarea pendiente, solapada en la retórica oficial. Recientemente, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional una propuesta de presupuesto complementario al presupuesto de este año, con el propósito, de acuerdo con las reseñas periodísticas, de incrementar los niveles previstos de endeudamiento en cerca de 8 mil millones de pesos. Sin embargo, un documento tan importante como este no aparece en el portal – nuevo o viejo – del Ministerio de Hacienda, como tampoco aparece en el portal de la dirección de Presupuesto ni en el portal de la Presidencia ni en el portal del Senado. Ni siquiera apareció como noticia destacada. ¿Puede ser esto fruto de la casualidad o de una política comunicacional deliberada para que la ciudadanía no se empodere de una información oportuna y de calidad? En materia de gestión pública sería ingenuo asumir que esto se produce como fruto de una casualidad generalizada.

El acto mismo de someter un presupuesto complementario – ex post – es un hecho que refleja los limitados niveles de transparencia con los que se ejecuta el presupuesto. Por una razón muy sencilla, pero crucial. La mayoría – para no decirlo en forma absoluta – de las operaciones que contiene el presupuesto complementario ya fueron consumadas. Si ahora el gobierno siente la necesidad de la aprobación congresual se debe a que en su momento la ejecución de esas partidas no se realizó bajo el estricto cumplimiento de la ley – traducción libre: se violó la ley de presupuesto. Ahora al Congreso le corresponde hacerse de la vista gorda y aprobar con urgencia la propuesta del Ejecutivo; sobre todo, porque el Congreso tiene ‘buenas’ razones para ello; especialmente, por unos 300 millones de pesos que el presupuesto complementario estaría adicionando a los congresistas.

La falta de transparencia también se puede apreciar en la dosificación de la información con relación a la partida de disminución de cuentas por pagar que contempla unos 66 mil millones en el presupuesto del año entrante. En esta semana, la dirección de presupuesto hizo una aclaración parcial de la composición de dicha partida. Y todo parece indicar que esa cuenta se ha utilizado para subestimar el endeudamiento público y el nivel de déficit fiscal. Ahora la opinión pública se ha enterado que dentro de los recursos contemplados había un financiamiento de 800 millones de dólares en el 2015 que presumiblemente no fueron incluidos como deuda pública, pero que se fueron pagando institucionalmente por la izquierda. Otra partida de 10 mil millones de pesos se le atribuyó a “operaciones de corto plazo de la Tesorería”, una explicación que nada agrega a la transparencia. Aun así, queda sin explicar cerca de un tercio de la partida.

Es evidente que en material fiscal el gobierno debe pasar de la retórica a los hechos. Y comenzar por una ejecución presupuestaria que respete la normativa vigente. Si esto ocurre, la transparencia surgiría como un corolario lógico; así se evitaría la necesidad de tener que recurrir a piruetas discursivas para confundir a la opinión pública.