Diario Libre (Republica Dominicana)
Otra amenaza a soberanía con nuevo pacto RD-USA
El acuerdo sobre preautorización del Transporte Aéreo está en el TC
SANTO DOMINGO. El abogado y exdirector de Migración José Ricardo Taveras solicitó al presidente Danilo Medina ordenar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo que proceda a retirar del Tribunal Constitucional el acuerdo suscrito por el Gobierno con los Estados Unidos, en relación con la preautorización en el transporte aéreo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
La solicitud de Taveras se basa en que el acuerdo lesiona la soberanía nacional debido a que el pacto en su anexo obliga a la República Dominicana “a mantener sus obligaciones de no devolución (nonrefoulement) con relación a cualquier persona que cumpla con la definición de refugiado conforme a la Convención de Refugiados de 1951 o el Protocolo de Refugiados de 1967”.
Esto, impediría que el país aplique sus leyes y que quede subyugado, en materia de refugiados, a los acuerdos internacionales.
Este tema sale a relucir a propósito de que la República Dominicana decidió no adoptar al Pacto Global sobre los Refugiados que fue conocido este lunes 17, durante la Sesión Plenaria de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
El anexo de este pacto, firmado por los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y República Dominica el 1 de diciembre de 2016, también obliga al país a cooperar con las organizaciones internacionales pertinentes en el cumplimiento de sus mandatos respectivos en tanto estos se relacionen con refugiados y solicitantes de asilo.
Además, “solo revocar la protección de refugiado sobre la base de una exclusión o cesación prevista en la Convención de Refugiados de 1951 y el Protocolo de Refugiados de 1967, y proporcionar a todas las personas cuya protección sea revocada documentación escrita que explique las razones de la revocación y el derecho a solicitar una revisión judicial de dicha decisión, luego de agotar las vías de recurso administrativo, cuando se aplique”.
Según Taveras en ese anexo se impone al país proveer medios alternativos conforme a la ley dominicana a favor de las personas que no reúnan los requisitos internos no contemplados en los instrumentos internacionales, “lo que obligaría al país a recibir los casos y a brindar la protección necesaria sin considerar las reservas de su legislación interna al respecto”.