El narcotráfico ordena y dispone

El asesinato en Baní del Coronel Daniel Ramos Álvarez pone de manifiesto la dimensión del poder y presencia del narcotráfico en el país. El senador de la provincia, Wilton Guerrero, afirmó , entre muchas otras: I) que en Baní, miembros del Ministerio Público, de la DNCD y de la Policía Nacional protegen al narcotráfico, inclusive haciéndole labor de inteligencia; II) que la muerte del coronel fue producto de una “encerrona” que le tendieron los oficiales que le acompañaban; III) que en Baní operan más de 40 “establecimientos” de narcotráfico y en la provincia de Peravia sobrepasan de 100 los puntos de drogas “legalizados”; IV) que el supuesto matador, apodado “Buche” paga a la DNCD 60 mil pesos de peaje semanal por el punto de drogas en el barrio Santa Cruz; V) que el pago se hace enviando cada semana “cinco sobres” a la dotación policial de Baní y “otro sobre” a la DNCD.

En cualquier país organizado, unas declaraciones así, hechas por un Senador de la República darían lugar a una crisis institucional, a una profunda investigación, a interpelaciones de los ministros responsables del área, a destituciones o de lo contrario a una reacción oficial que desmienta lo dicho por el Senador. En RD, que es un país de caricatura, no sucede ni una cosa ni la otra.

La amplia penetración del narcotráfico y la impunidad con que opera en el país solo se explican porque cuenta con la complicidad de sectores oficiales civiles y militares. Una muestra es la frecuencia de cargamentos de drogas que parecería que llegan y se transportan solos, en los que casi nunca atrapan a los capos locales que manejan el trasiego de drogas en el país.

Los casos de Quirino, Figueroa Agosto o de Arturo del Tiempo muestran que ellos operaron por muchos años en el país con un padrinazgo oficial de alto nivel. Es claro que detrás de los volúmenes de droga que transitan hoy por el país y que se consumen, hay otros capos similares que continúan operando con la protección de los sectores oficiales que protegían a aquellos.

Es evidente que el narcotráfico ha penetrado el sistema político dominicano y financia campañas que luego se traducen en protección. No deja de ser sintomático que a pesar de tantas denuncias, el Ministerio Público no haya investigado y llevado a juicio un solo caso en que se conecte a políticos, altos funcionarios y el narcotráfico.

La RD no es solo puente, sino también territorio de intenso consumo. En octubre de 2016 la encuesta nacional sobre consumo de drogas hecha a estudiantes de enseñanza media, por el Consejo Nacional de Drogas, reveló que alrededor de 300 mil adolescentes de entre 13 y 14 años de edad eran consumidores de diferentes tipos de droga.

Hace dos décadas el consumo de drogas estaba reducido a sectores de clase alta y media. Pero resultó que el pago en especie que hacían los narcotraficantes a sus socios locales indujo a la masificación del consumo en barrios pobres y muchos de los captados, como no podían sufragar su adicción, se integraron a las redes de distribución. Es así como proliferó el microtráfico, los puntos de droga territoriales y el pago de peaje a las autoridades.

El microtráfico ha penetrado de tal forma que en muchos barrios es el principal empleador y actúan como benefactores de la comunidad. Las propias autoridades han revelado que en el país operan unos 40 mil puntos de droga, lo que evidencia que saben dónde están, quién los opera y sin embargo no los desmantelan ni apresan a los responsables.

La masificación de la distribución y consumo de drogas trajo en los distintos sectores y barrios el aumento de la delincuencia, el crimen, el tráfico de armas, el robo, el sicariato, atracos, la proliferación de pandillas y naciones. También produjo aumento de la deserción escolar, promiscuidad sexual desde temprana edad, enfermedades venéreas, incremento del embarazo en adolescentes, prostitución juvenil en uno y otro sexo, entre muchas otras.

En estas dos últimas décadas, el narcotráfico viene debutando como uno de los poderes fácticos de la RD, con influencia en el sistema político, en la actividad económica y que mantiene atrapada a una parte de la población, especialmente jóvenes. Su poder radica en el sistema de protección y complicidades que se ha agenciado comprando voluntades y garantizándose impunidad.

Los gobiernos de los dos partidos que han gobernado en estas dos décadas son los responsables del poder y crecimiento vertiginoso que exhibe el narcotráfico en el país.

Para aniquilar el poder del narcotráfico en el país se va a requerir en la dirección del Estado de una fuerte voluntad política dispuesta a enfrentarlo, a desmantelar sus conexiones con sectores oficiales y con la determinación de perseguir y sancionar sus actividades aplicando la ley con puño de hierro. Además, desarrollar amplias políticas sociales que permitan rescatar a las víctimas del consumo de droga.

El partido gobernante, es claro, luego de casi 20 años en la dirección del Estado es un responsable de primer orden de la expansión e impunidad con que hoy opera el narcotráfico. Sacar a este partido del poder es parte de la solución al grave problema del narcotráfico en nuestro país.

La amplia penetración del narcotráfico y la impunidad con que opera en el país solo se explican porque cuenta con la complicidad de sectores oficiales civiles y militares