¿Es viable un ingreso básico universal?

«Nos atrevemos a introducir lo que es comúnmente llamado un ingreso básico: un ingreso regular pagado en efectivo a cada individuo de la sociedad, independientemente del ingreso obtenido de otras fuentes y sin ninguna cadena atada. […] la provisión de un ingreso básico es la más obvia y también la mejor forma de salir de la pobreza. […] Es crucial, sin embargo, que este esquema sea incondicional en la interpretación fuerte de este adjetivo. […] Es estrictamente un derecho individual, en oposición a una vinculación con la situación del hogar; es lo que comúnmente es llamado universal, en oposición a un ingreso determinado o medios de prueba; y es libre de obligación […]». Parijs y Vanderborght, Basic Income, 2017

La lucha contra la pobreza es una tarea pendiente y en progreso aun en las sociedades más desarrolladas; pero en los países subdesarrollados, como el nuestro, es crucial esta lucha no solo para empoderar a los pobres con las capacidades que les permitan salir de la pobreza, sino también para preservar la tranquilidad social y la propia gobernabilidad política. Dado que esa lucha contra la pobreza se diseña y se ejecuta desde la gestión gubernamental – incluyendo los procesos de concertación con la sociedad civil – es inevitable que esos procesos se verifiquen en el marco de relaciones de poder asimétricas, en las que los pobres corren el riesgo de ser políticamente instrumentalizados.

Es importante, por tanto, que los diseños de los programas sociales estén orientados a preservar la dignidad de sus recipientes o beneficiarios y evitar la revictimización que para algunos pudieran significar las condicionalidades atadas a determinados beneficios. Es una discusión interesante entre quienes defienden esas condicionalidades y quienes consideran que un programa sin condicionalidades respeta más la dignidad de los pobres.

Es en este marco que resulta debatible la propuesta de un ingreso básico universal, tal como la han planteado Parijs y Vanderborght en su libro Basic Income, y que se ha estado considerando desde hace unos años en las propuestas sociales de partidos que son clasificados como de izquierda. Esta caracterización ha ensombrecido un debate que debiera tener como eje central la solución de la pobreza y no enfocarse, como ocurre frecuentemente, en el sesgo ideológico de quienes la proponen, ya sean de izquierda o de derecha.

En fin, Parijs y Vanderborght proponen un ingreso básico para todos los ciudadanos, independientemente del nivel económico del recipiente, en contraste con los programas sociales condicionados. Ciertamente, es muy controversial un programa social que aplique a ricos y pobres por igual. La idea, según los autores, es establecer un piso común para todos los miembros de la sociedad y contrarrestar el estigma de que la ayuda se mire como una ofensa a la dignidad de los pobres. Además, son varias las ventajas asociadas a la no condicionalidad y a la universalidad. Entre esas ventajas está la de que el ingreso básico se perciba como el derecho de cada persona a disponer de unas condiciones mínimas para subsistir y, por lo tanto, no debe estar sujeto a ningún tipo de condicionalidad.

Otra razón es que la no condicionalidad sirve para una implementación que minimiza los costos administrativos, pues hace innecesaria una gran estructura burocrática, que usualmente es imprescindible para la selección de los beneficiarios y para aplicar los medios de pruebas requeridos para permanecer dentro del programa. Pero hay otra razón, particularmente poderosa, que está relacionada con una probable politización de los programas sociales. Aun cuando la selección de los beneficiarios pudiera realizarse al margen de las preferencias políticas, la necesidad de permanencia dentro del conjunto de los beneficiarios va creando unos vínculos políticos difíciles de evitar. En la práctica, los beneficiarios terminan asociando la permanencia del programa a una gestión política. El ingreso básico universal no condicionado tiene la virtud de que minimiza la probabilidad de una instrumentalización política de la pobreza.

Naturalmente, la idea de un ingreso básico ha sido objeto de críticas relacionadas con el carácter moral de entregar un ingreso de manera indiscriminada a ricos y pobres; el costo económico de tal programa; el impacto negativo que pudiera tener en el mercado laboral y las decisiones de ocio y trabajo; así como el riesgo de que se convierta en un programa más de la visión del Estado de bienestar que busca inflar más el asistencialismo. Cada una de estas críticas son abordadas en el libro de Parijs y Vanderborght. Es un tema que viene discutiéndose desde hace varios siglos y pensadores liberales como Milton Friedman hicieron, en su momento, planteamientos compatibles con dicha idea.

Sin embargo, la barrera más difícil de superar es la relacionada con los altos costos fiscales asociados con un ingreso básico universal. Al menos, en el caso dominicano las cifras parecen estar fuera del alcance presupuestario, independientemente del criterio utilizado. Por ejemplo, si utilizáramos el umbral de pobreza extrema que utiliza el Banco Mundial para medir el avance en el logro de erradicar la pobreza para el año 2030, un ingreso básico universal significaría una carga presupuestaria de más de RD$300,000 millones en el año. Esta cifra pudiera duplicarse si utilizáramos uno de los posibles criterios recomendados por los autores de Basic Income, esto es, el 25% del ingreso per capita como ingreso básico universal.

La idea luce atractiva, pero para su implementación habría que considerar una redefinición de la política social, de tal manera que el ingreso básico sea ajustado a los espacios presupuestarios que pudieran abrirse mediante esa redefinición. De lo contrario, podría resultar inviable. ●