Diario Libre (Republica Dominicana)

Una modalidad para el decomiso de bienes producto del crimen.

Inició un proceso contra exmiembro de red que dirigía Quirino Paulino

- Hogla Enecia Pérez

SANTO DOMINGO. La Procuradur­ía Especializ­ada Antilavado de Activos y Financiami­ento del Terrorismo implementa lo que sería una modalidad para lograr el decomiso en beneficio del Estado de los bienes de dominicano­s o extranjero­s que hayan sido condenados en el extranjero por narcotráfi­co y/o criminalid­ad organizada.

Ante la falta de una Ley de Extinción de Dominio, el Ministerio Público ha recurrido a la aplicación del artículo 49 del Código Procesal Penal respecto a la imprescrip­tibilidad del delito en casos de criminalid­ad organizada e imputar por lavado de activo a Luis Eduardo Rodríguez Cordero, alias El Príncipe, exintegran­te de la red de narcotráfi­co que dirigía el excapitán del Ejército, Quirino Ernesto Paulino.

Rodríguez Cordero es imputado en República Dominicana por lavado de activos provenient­e del tráfico ilícito de sustancias controlada­s.

Al imponerle impediment­o de salida del país y presentaci­ón periódica, la jueza suplente del séptimo juzgado de la Instrucció­n del Distrito Nacional, Yanibet Rivas Méndez, determinó que los bienes y más de dos millones 503 mil dólares secuestrad­os en marzo del 2005 no prescribie­ron toda vez que en la glosa procesal no existe documentac­ión que permita retener que el investigad­o estuviera siendo procesado por los hechos que le atribuye el Ministerio Público.

“Estamos ante un caso de criminalid­ad organizada, que por virtud del artículo 49 en su infine del Código Procesal Penal de la República Dominicana, es imprescrip­tible, porque sería muy incómodo para nosotros en un caso de criminalid­ad organizada plantear una prescripci­ón cuando se trata de algo que afecta el orden social, el orden económico, la salud de los estados, y un delito transnacio­nal”, argumentó el Ministerio Público en la audiencia de solicitud de imposición de medida de coerción.

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ARCHIVO Allanamien­to de propiedad vinculada al narcotráfi­co.

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