Diario Libre (Republica Dominicana)
Los mataderos, ilegales e insalubres
La mayoría opera sin permisos ambientales de rigor y las autoridades han cerrado recintos por violar la Ley General de Salud. Las condiciones de algunos generan quejas en las comunidades por ser focos de contaminación
Los mataderos municipales suelen no solo violar en sus operaciones leyes y normas de buenas prácticas ambientales y de salubridad, sino también normas de protección animal. En un reportaje, Diario Libre muestra la situación de estos locales, muchos de los cuales no cuentan con permiso.
Le pegó con un tubo de hierro en la cabeza y el cerdo chillaba del dolor. A los segundos le clavó un cuchillo. La segunda vez que lo apuñaló, el animal comenzó a retorcerse sobre el charco de su sangre y la de otros de su especie descuartizados en el piso del matadero municipal de Monte Plata. Los matarifes apenas cuidaban la higiene calzando botas de goma. Lanzaban cubetazos con agua a la sangre para que se diluyera por el desagüe. Los fluidos con despojos de los mamíferos iban a parar al contén de la calle frontal hasta perderse en un arroyo próximo. Era un día normal.
En el lugar se violaban artículos de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, y normas de buenas prácticas ambientales y de salubridad, que también se pasan por alto en otros mataderos municipales del país.
Estos recintos son administrados por los ayuntamientos locales, que pueden arrendarlos. Asimismo, deben ser supervisados por el Ministerio de Salud Pública para garantizar la inocuidad de las carnes que se venden para su consumo en carnicerías, colmados, mercados y supermercados. Solo en septiembre pasado las autoridades sanitarias cerraron cinco en Barahona, Sánchez, Nagua, Montecristi y Esperanza por incumplimientos a la Ley General de Salud.
Muy pocos mataderos municipales cuentan con permiso ambiental para operar; los que no lo tienen, igualmente trabajan, como el de Monte Plata.
“Antes de yo llegar aquí esto era un desorden”, asegura Reyes Guridis, administrador del matadero de Monte Plata, un lugar que data desde la dictadura de Rafael Trujillo. “Había cuatro pocilgas y esto se mantenía lleno de cerdos. Hemos implementado una nueva regla que es que tú traes hoy para matar mañana”.
“¿Vienen inspectores de Salud Pública?”, se le pregunta.
“Sí, es raro que no haya llegado el encargado”, responde.
Los mataderos municipales son bienes de dominio público, según lo establece la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. La visión de que existan es que permitan reducir los costos de infraestructura y personal técnico, veterinario y de otras ramas, que implicaría el manejo de múltiples instalaciones locales. Además, que la población tenga acceso a productos cárnicos que cumplan con las normativas sanitarias y de calidad.
Pero su gestión no está del todo organizada y es deficiente, algo que en la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) atribusu yen a falta de recursos financieros en los presupuestos locales.
Ni en la Fedomu ni en el Ministerio de Salud Pública tienen datos precisos sobre cuántos mataderos públicos operan en los 158 municipios ni de cuánto se recauda anualmente por los servicios que prestan, cuyos precios varían en cada demarcación. Por corderos y chivos la matanza ronda los RD$30, cerdo RD$150 y RD$200, y reses RD$230 y RD$500. El ayuntamiento puede percibir entre RD$50 y RD$100 por cada animal sacrificado.
Entre residencias
Las normas de buenas prácticas ambientales recomiendan que, en los países tropicales como la República Dominicana, los mataderos estén ubicados lejos de las zonas residenciales y a favor del viento, para evitar polvo, olores, moscas e igualmente ofrecer protección sanitaria al propio recinto. Pero, debido a la forma en que algunos operan, son foco de contaminación y causan malestares entre las comunidades.
En Guanuma, del Distrito Municipal La Victoria, el matadero está prácticamente abandonado y no tiene agua, pero los sábados, antes de las 6:00 de la mañana, tres carniceros del pueblo sacrifican reses en el patio. El inmueble está a pocos metros de un pozo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y de un arroyo del que extraen agua para “limpiar” la sangre que se escurre por el suelo.
La Junta de La Victoria tiene en nómina a un encargado de mataderos con un salario de RD$8,000. Sin embargo, tiene poco que administrar, porque otro matadero, inaugurado en 2016 en Los Mañones, a un costo aproximado de RD$1.2 millones, nunca entró en operación porque los residentes en el sector se quejaron de que en el barrio había aumentado la población y sería un foco de contaminación. Ahora piden que sea transformado en centro comunal.
Los vecinos de los mataderos de los municipios San Antonio de Guerra y Yamasá expresan que se han quejado con las autoridades locales para solicitarles que mejoren las condiciones de estos recintos. En Guerra piden que lo trasladen desde el barrio La Esperanza, donde está ubicado. El día que Diario Libre lo visitó, la periferia del lugar estaba plagada del mal olor que se desprendía de las heces fecales acumuladas, la sangre mezclada con vísceras que reposaban en los pozos sépticos a medio tapar y los animales encerrados en corrales.
Este matadero tiene mucha demanda por su cercanía a la urbe capitalina, pero opera sin apego a las normas ambientales. Del Ministerio de Medio Ambiente se informó que se le emitieron los Términos de Referencia y no continuaron el proceso de obtención del permiso ambiental.
“Hay que mejorar”
A los inspectores del Ministerio de Salud les compete supervisar desde el sacrificio del animal hasta el procesado de la carne, tanto en los mataderos públicos como privados. “Esos inspectores van en el momento de la matanza o al faenado a supervisar esa carne, de manera tal que si no está apta para el consumo se quede decomisada y, si está apta, se saca al mercado”, dice Daniel Pimentel, supervisor nacional de los mataderos municipales.
“Hay que mejorar”, reconoce. “En su mayoría están en condiciones, no todos”. Cita entre las principales inobservancias de los que operan con faltas, la carencia de agua en el recinto, obstrucción de la planta de tratamiento y cisternas fuera de funcionamiento. “Les damos plazo de dos o tres meses, y si ya a la tercera notificación no han obtemperado, lamentablemente los clausuramos”, asegura.
Willy Cabrera, presidente de la Asociación Dominicana de Plantas Procesadoras de Carnes (Asodoprocar), representa a un sector privado que observa cierta competencia desleal proveniente de los mataderos públicos. Se queja de que la industria cárnica invierte cuantiosos recursos en sus procesos para apegarse a los estándares de calidad, sin embargo las carnes procesadas en los locales municipales suelen venderse en el mercado base o popular –en el que el sector privado también participa– a un precio hasta 25 % menos.
Con la Ley 108-13 se creó la Red Nacional Alimentaria (RENA) como un sistema integrado por los mataderos regionales y los mercados mayoristas y minoristas públicos. Esos mataderos regionales por construir como parte de la RENA, deberán estar bajo la propiedad de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom).
Desde Mercadom se informó a Diario Libre que se trabaja con otras instituciones públicas en la ejecución de un diagnóstico de la situación de los mataderos. Se aseguró que esto “permitirá disponer de todas las informaciones requeridas, para realizar las recomendaciones y acciones a tomar”.