Estabilidad económica y el proceso electoral

«En los últimos 25 años, la República Dominicana mostró un crecimiento económico impresionante, que solo fue interrumpido durante la crisis bancaria de 2003-04. En 2003, el producto económico se contrajo en 1.3 por ciento, y en 2004 creció solamente en 2.6 por ciento. El fortalecimiento de las políticas económicas, apoyado por los programas del FMI, ayudó a iniciar un período de impresionante estabilidad macroeconómica: en el período 2005-18, el PIB anual creció 5.9 por ciento. Mirando hacia el futuro, el ritmo de expansión económica de la República dominicana es esperado que modere hacia niveles potenciales en medio de condiciones externas menos favorables». Olga Bespalova and Marina Rousset, IMF, Macrofinancial Linkages and Growth at Risk in the Dominican Republic, November 2019

Con el proceso electoral entrando en sus fases decisivas –elecciones municipales en febrero 16, y elecciones generales en mayo 17– es lógico, y normal, que la ciudadanía comience a inquietarse por lo que pudiera ocurrir con la economía durante la campaña electoral y, sobre todo, qué podría ocurrir cuando el 16 de agosto venidero se instale un nuevo gobierno. Son preocupaciones que se suman a las grandes preocupaciones nacionales, como la inseguridad que se siente y se percibe en la vida cotidiana, con una violencia que sobrepasa las ya extremas medidas de seguridad que los hogares dominicanos han tenido que tomar –encarcelándose en sus propias viviendas– para reducir los riesgos de ser asaltados, violados o que, simplemente, algún miembro familiar pierda la vida en el intento.

Todo esto crea un ambiente de mayor incertidumbre para la economía, a la vez que se percibe la idea de que el gobierno no está en condiciones de generar la suficiente confianza para ver con optimismo el futuro cercano. Por el contrario, el gran riesgo es que los recursos públicos sean utilizados para apoyar la agenda electoral del gobierno, a través, en parte, de pequeñas obras en toda la geografía nacional – como el bacheo y reparación de calles y carreteras denunciados durante las primarias del partido gobernante – que agregadas pueden dejar a las finanzas públicas, ya de por sí vulnerables, muy maltrechas; y, claro está, a través de la compra masiva de votos.

Ciertamente, la economía dominicana –como muestra la cita introductoria– ha tenido en los últimos 25 años un desempeño extraordinario en términos de crecimiento y estabilidad de precios. De hecho, esta trayectoria de nuestra economía es lo que genera ciertas inquietudes ante la posibilidad de que en agosto próximo no solo haya un cambio de gobierno, sino también un cambio de partido, como se podría inferir de los escenarios planteados en la más reciente encuesta de Mark Penn/stagwell, que atribuye a Luis Abinader una ventaja holgada en cualesquiera de esos escenarios.

Las inquietudes podrían basarse en el hecho de que en los últimos 24 años el PLD ha gobernado en 20 de esos años, de los cuales ha gobernado en los últimos 16 años. En el único cuatrienio (2000-04) que no gobernó el PLD se produjo una crisis bancaria que arrastró el resto de la economía a una recesión con una gran devaluación y alta inflación. Y algunos se preguntan si esto no pudiera repetirse ante la eventualidad de un triunfo de la oposición. En el resto del artículo trataré de argumentar que es improbable que tal situación se presente ante un posible triunfo opositor.

En primer lugar, la crisis bancaria de 2003 con epicentro en un banco con alto riesgo sistémico no fue obra de un día. Para que el fraude bancario alcanzara los niveles que se verificaron era necesario un largo período de gestación. Esto significa que tal período de gestación ocurrió previo a la promulgación de la actual ley monetaria y financiera. El escándalo de Baninter estalló formalmente en los primeros meses del 2003, mientras que la Ley Monetaria y Financiera 183-02 se publicó en la Gaceta Oficial el 3 de diciembre del 2002. Independientemente de las fallas que pudieron originarse en la regulación, supervisión e interpretación del marco legal de la normativa anterior aplicable a las entidades financieras, es obvio que la nueva ley fue un avance significativo, pues fortaleció la independencia del Banco Central y dotó a las autoridades financieras de un marco institucional mejor orientado a la definición de unas políticas monetaria, regulatoria, crediticia y financiera más en línea con las mejores prácticas internacionales.

Como resultado, a partir del 2004 la Junta Monetaria, con la experiencia de la crisis reciente, se abocó a un proceso de regulación que fue creando un conjunto de normas que mejoraron sustancialmente el desempeño del sistema financiero, en un esfuerzo acompañado por el FMI. De manera que estos cambios en la normativa financiera hicieron menos probable –no imposible– que surgiesen eventos como los de 2003, y que haya un desborde de la política monetaria que alimente una potencial crisis, asumiendo un manejo adecuado de la política fiscal.

Adicionalmente, la crisis financiera internacional de 2007-08 indujo otro proceso de regulación –de nuevo de la mano del FMI– para que los países de la región adoptaran cambios normativos a la luz de las lecciones que pudieron aprenderse de esa crisis. Este fue otro elemento de fortalecimiento de la capacidad reguladora de las autoridades monetarias. Como también lo hizo la Constitución de 2010 en cuanto a la autonomía del Banco Central.

Esto quiere decir que los tiempos han cambiado y que el marco institucional es muy diferente al previo de la crisis de 2003. Ha sido un proceso largo, y durante ese proceso el Banco Central, por ejemplo, ha logrado reclutar y mantener un equipo técnico de alta calidad. De manera que existen las herramientas institucionales y humanas para abordar con éxito los grandes retos que se le pudieran presentar a un nuevo gobierno de la oposición. Realmente, el peligro sería que resultara electo un candidato oficialista que le diera continuidad a la política de endeudamiento de su mentor y pospusiera indefinidamente las reformas que con urgencia requiere la economía dominicana… eso sería muy peligroso.