Financiamiento público y debate electoral

«La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) organizará los Debates Electorales RD 2020 de cara a los comicios del año en curso. Esta iniciativa es realizada con el propósito de incentivar el voto consciente de la ciudadanía, a través del conocimiento de los planes y propuestas de gobierno de los distintos candidatos/as. Es importante resaltar que ante la situación actual que vive el país a causa del COVID-19 la producción ha considerado todas las medidas sanitarias para la protección de los involucrados. […] Los/as candidatos/as deberán confirmar su participación a más tardar el viernes 29 del mes de mayo del año 2020, a las 5:00pm.» Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), 2020

El régimen de financiamiento público para los partidos políticos en nuestro país es sumamente generoso, con obligaciones formales que no son debidamente auditadas. Miles de millones de pesos que pagan los contribuyentes van a las arcas de los partidos todos los años. En el presupuesto 2020 se contemplan más de RD3,000 millones para financiar las campañas electorales y otras actividades partidarias.

La ley de partidos políticos establece una distribución de los fondos públicos que solo puede ser explicada por amarres que reflejan el escaso desarrollo político de una gran parte de la dirigencia partidaria, mayormente preocupada por la distribución del pastel en desmedro del interés ciudadano. De esta manera, el 80% del financiamiento público es recibido por los denominados partidos ‘mayoritarios’; es decir, entre los partidos que hayan obtenido más del 5% de los votos emitidos en las elecciones anteriores.

Es curioso, sin embargo, que un partido que haya obtenido el 5% de los votos se considere mayoritario cuando dos partidos obtienen más del 90% de los votos. Claro, el interés fue, y ha sido, oxigenar financieramente a partidos que apenas conservan una franquicia que puede ser un instrumento de negociación en determinadas coyunturas políticas. Una solución más simple, y probablemente más eficiente, es distribuir los fondos públicos de acuerdo con los votos obtenidos, pero sospecho que nadie querrá pisar esos callos.

Ciertamente, el financiamiento de las actividades políticas es importante para fomentar una democracia más participativa, en donde se creen espacio para el surgimiento de nuevos liderazgos. No obstante, se deben diseñar mecanismos de control y sanción que aseguren que otros financiamientos que reciben los partidos políticos estén dentro los límites establecidos y no procedan de actividades ilícitas. Con cierta frecuencia, en las comunidades surgen liderazgos políticos que se sustentan en recursos económicos que han sido obtenidos al margen de la ley – por ejemplo, corrupción y narcotráfico. Sería muy lamentable que el financiamiento público termine apoyando a candidatos de tal procedencia.

Una omisión deliberada, pero muy perjudicial para el empoderamiento ciudadano, es que la ley no contempla un mandato que obligue a los candidatos que reciben fondos públicos a participar en un debate abierto, de cara al público, y que los electores tengan la oportunidad de escuchar a los candidatos en un ambiente no controlado de discusión de sus ideas. No se puede entender que un candidato reciba fondos públicos y se niegue a debatir. La obligación al debate está contemplada en un número creciente de países de la región, como en Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica.

Por eso, nos parece meritorio el esfuerzo que, desde hace muchos años, viene haciendo la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) y que está organizando un debate electoral de los candidatos presidenciales, similar a los debates realizados en el pasado proceso electoral con los candidatos municipales. Es un derecho de la ciudadanía conocer por boca de los propios aspirantes cuáles soluciones proponen a los innumerables desafíos que enfrentamos como nación. Y mas importante todavía, es poder apreciar cómo cada aspirante defiende sus propuestas en contraposición con los demás aspirantes.

En este sentido, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) de Argentina plantea que «Durante el debate, los candidatos muestran características generales de su personalidad y su estilo de liderazgo, no solo en sus intervenciones, sino también en las interacciones que mantienen con sus pares, y sostienen posicionamientos en materia de políticas públicas particulares. Este balance de carácter y posicionamientos dependen de cómo el debate esté regulado y producido».

Todas estas características que son reveladas en los debates proporcionan al elector informaciones que pueden ser determinantes en su decisión final, especialmente cuando una alta proporción de los votantes se encuentran indefinidos. Pero el candidato que acepta participar también debe estar seguro de sus condiciones y de su capacidad para salir airoso en una prueba que pudiera resultar crucial para sus aspiraciones.

El debate presidencial sería una magnifica oportunidad para que los candidatos discutan entre ellos sus planes para reactivar la economía en un entorno -nacional e internacional- condicionado por la pandemia del COVID19. Pero también sería interesante ver que el debate abarque los temas institucionales, entre ellos la independencia de la justicia y los planes de cada candidato para combatir la corrupción y terminar con la impunidad.

Hasta ahora -al momento de escribir este artículo- solo -los candidatos presidenciales Luis Abinader del PRM y Leonel Fernández de la FP han confirmado su participación. El plazo para la confirmación de la participación del candidato Gonzalo Castillo se vence en la tarde hoy. Su dilema debe ser grande, pero los electores tienen el derecho a conocer mejor a quienes aspiran a dirigir los destinos de la nación. Y ante ese derecho, no hay excusa que valga…