Diario Libre (Republica Dominicana)
Los partidos judicializan la lucha política en campaña
PRM y Fuerza del Pueblo han sometido al PLD y Gobierno por violaciones legales y corrupción PLD acude a la Junta Central Electoral para cuestionar candidato a senador de Duarte
Los partidos políticos han judicializado la campaña con una cantidad de sometimientos que buscan efectos mediáticos.
SANTO DOMINGO. Los partidos políticos al minar de sometimientos, han judicializado la peculiar campaña electoral en medio de la pandemia de COVID-19 para los comicios presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio, muchos de los cuales solo tienen un efecto mediático momentáneo, sin un desenlace debido a su carácter político.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo han llevado la voz cantante, al llevar recursos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El PRM lo hizo ante la PEPCA el pasado 11 de mayo por presuntos actos de corrupción en el estado de emergencia por la pandemia, en la compra de insumos médicos y la adjudicación a empresas de carpeta por más de tres mil millones de pesos.
Uno de los sometimientos más emblemáticos de los últimos tiempos fue el realizado por el Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) el 18 de octubre de 2007, al interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia declarara nulo el contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado dominicano, suministro de materiales y equipos, suscrito entre el Gobierno y la empresa The Sun Land Corporation RD, el 15 de mayo de 2006 por 130 millones de dólares.
La acción fue incoada por el entonces presidente del PRD, Ramón Alburquerque, y el secretario general Orlando Jorge Mera, e involucró a diecinueve (19) pagarés, cada uno por la suma de US$6,842,105.00, en los cuales apareció como deudor el Gobierno dominicano.
El 18 de diciembre de 2008, el caso Sun Land fue declarado inadmisible por la Suprema Corte de Justicia, que justificó su criterio en mayo de 2010.
La Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) medidas cautelares urgentes contra el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, “por el uso de bienes de origen ilícito para financiar su campaña, utilizando la corporación de Helidosa Aviation Group”.
Franklin Almeyda Rancier y Manuel Crespo, representante del candidato presidencial de la FP y delegado político, respectivamente, al someter la instancia, pidieron ordenar el cese de las operaciones de la referida empresa, y la sociedad fusionada por absorción Aeroambulancia, mientras dure el actual proceso electoral, “ya que fue comprobado que está financiando de manera fraudulenta la candidatura oficialista”.
En enero solicitaron que la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo fuera declarada inadmisible por la Junta Central Electoral (JCE) alegando que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) violó la Ley Electoral ( 15-19) al iniciar una campaña a destiempo.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tampoco se ha quedado atrás en esta campaña y José Ramón Fadul, delegado del PLD ante la Junta Central Electoral y José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos, solicitaron a la Junta Central Electoral que compruebe si el candidato a senador del PRM por la provincia Duarte, Franklin Romero, cumple los requisitos para para optar por esa posición, alegando un “récord criminal de delitos graves en los Estados Unidos”.
También los aportes a la campaña política del PRM del acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro.
Además ha depositado recursos ante la Junta Central Electoral, en los que alega que la candidata vicepresidencial Raquel Peña utilizó el local de la alcaldía de Sánchez para una actividad política.
También la suspensión y retiro inmediato de la publicidad digital que promueve al candidato de la Fuerza del Pueblo usando los colores del PLD.
Abel Guzmán Then