Diario Libre (Republica Dominicana)
Medidas que provocan ruidos y abren frentes al nuevo Gobierno
Abinader también enfrenta protestas de las bases del PRM que demandan empleos
SD. A pocas horas de instalarse y sin haber terminado de conformar su gabinete, varias medidas tomadas por el presidente Luis Abinader comenzaron a abrirles varios frentes y provocaron “ruidos” que han generado “grietas” a la imagen del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que amenazan la tradicional luna de miel, que otorga la oposición y la población a una nueva administración, en sus primeros cien días de gestión.
Aunque la nueva administración se abrió varios frentes a las pocas horas de asumir las riendas del Estado, algunas acusaciones en los últimos días han despertado la reacción del pasado gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya entidad ha tenido que salirle al frente a insinuaciones de nuevos funcionarios sobre supuestas irregularidades encontradas en varias dependencias oficiales.
Una de las primeras acusaciones la hizo el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien afirmó que la pasada gestión de esa cartera no dejó nada planificado para el inicio del próximo año escolar, lo que de inmediato fue desmentido por el partido, técnicos y exfuncionarios peledeístas de la cartera educativa, que citaron entre los preparativos que encontró el nuevo incumbente una resolución, un protocolo y un plan de acción, entre otras medidas.
En ese tenor, el presidente Abinader no se quedó atrás y reveló a directores de medios de comunicación que no se tenían informaciones sobre inventario, deudas, pagos y compras en el Plan Social de la Presidencia, debido a que se habían llevado los discos duros de las computadoras y las habrían dejado vacías.
De igual manera, el mandatario habría denunciado que en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/cal) dejaron bloqueado el sistema de computadoras.
Ambas denuncias fueron desmentidas por los extitulares de esas instituciones.
Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presidencia, negó que los discos duros del área de Informática de la institución desaparecieran; y aclaró que las informaciones de la dependencia quedaron resguardadas en un centro de servidores y colocadas en archivos en las nubes.
De su lado, el doctor Enriquillo Matos, exdirector de Promese/cal, también enfrentó las acusaciones y dijo sentirse sorprendido con las informaciones de que en esa institución se llevaron las claves, ya que en su gestión se licitó y adjudicó a una empresa el sistema de automatización de procesos informáticos para modernizar la entidad, cuyas mejoras se dejaron en manos de las nuevas autoridades.
Otro escándalo estalló el pasado viernes cuando la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que modifica el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para permi
Causó sorpresa e indignación en el mundo cultural y otros sectores, la cancelación por decreto del folclorista e investigador Dagoberto Tejeda Ortiz como asesor de la Comisión Nacional de Carnaval. Luego el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que se trató de un error que iba a ser enmendado por el Ejecutivo. tir que Wellington Arnaud, dirigente del PRM, pueda ser su director ejecutivo, porque es abogado y la legislación establece que debe ser un ingeniero civil.
Esta decisión de los diputados fue calificada por el presidente del Codia, Francisco Marte, como “una puñalada trapera a la clase profesional de las ingenierías”.
Otros ruidos
Los nombramientos de familiares de connotados dirigentes del partido oficialista en puestos claves del gobierno también han generado un caudal de críticas, por considerar que es una expresión del favoritismo político y no el producto de la meritocracia.
Otro punto que generó diversas reacciones y afectó indirectamente la imagen del naciente gobierno y del partido oficial, fue que, en su estreno como presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció el sometimiento del proyecto de ley de Código Penal sin el aborto en las tres causales, lo que desató la reacción de organizaciones sociales y de mujeres que vieron la medida como un incumplimiento de una promesa de campaña y la negación de los derechos de las mujeres.