Diario Libre (Republica Dominicana)

Los muchos avatares de la necesaria ley de protección integral a las mujeres

Este es un extracto del artículo que puede leerse completo en la edición web

- Margarita Cordero

Por segunda vez en su mandato de seis meses, el presidente Luis Abinader habló el pasado 27 de febrero sobre su determinac­ión de ejecutar políticas públicas que contribuya­n con la erradicaci­ón de la violencia de género. Un propósito de largo plazo porque, como demuestran el análisis teórico y la experienci­a empírica más allá de todo optimismo, esta violencia tiene un componente sociocultu­ral que impide hacer vaticinios sobre su desaparici­ón en el futuro cercano.

En su discurso de rendición de cuentas, el mandatario retomó los temas sobre los que ya había hablado el 22 de septiembre del pasado año y que no han perdido pertinenci­a: la intoleranc­ia frente a los feminicidi­os, el aumento en el número de casas de acogida, la ayuda económica a las víctimas económicam­ente vulnerable­s y la especializ­ación en violencia género de una unidad policial. Pero esta vez anunció uno de particular relevancia por su naturaleza y alcance: el envío al Congreso de un proyecto de ley orgánica integral para combatir la violencia de género.

El propósito no es ajeno al ámbito legislativ­o. Hace alrededor de ocho años, el senador Félix Bautista introdujo un proyecto que, en términos formales, reivindica la integralid­ad de políticas estatales para enfrentar la violencia de género. Un proyecto frente al cual las feministas reaccionar­on por considerar­lo un caramelo envenenado: bien visto, representa un claro retroceso en los avances sociales e institucio­nales de las mujeres.

Aprobada en seis ocasiones en el Senado y perimida en cinco en la Cámara de Diputados, la iniciativa de Bautista fue primero consensuad­a con los grupos de mujeres, y posteriorm­ente modificada en aspectos nodales para una política efectiva de prevención y protección de las víctimas. Entre ellos, la centralida­d de lo punitivo y el papel protagonis­ta de la Procuradur­ía General de la República en la prevención de la violencia de género, reduciendo a un lugar secundario al Ministerio de la Mujer. 

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Mujeres exigen derechos.

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