¿Vender para cubrir campaña?

rio Libre que es de los legisladores que transfirieron a particulares exoneraciones que le correspondían. Al menos por una de las suyas recibió dinero.

Cuenta que la primera exoneración que utilizó fue para comprar una ambulancia para uso comunitario, entre 2006-2007. Otra se la cedió a un amigo para que importara su vehículo y –asegura– no le pidió dinero a cambio.

Pero una tercera exoneración entendió que no podía cederla sin obtener una compensación. Le dijo a otro amigo: “Espérate, yo no te la voy a dar”. Acordaron un intercambio. “Hice esa transferencia y recibí unos beneficios, igual que todo el mundo”, indica. Aunque no precisa el monto, explica que ese tipo de transacción tiene un valor “específico” de alrededor de RD$1 millón o US$20,000.

—¿Qué le diría a la gente que lee que usted es uno de los que cedieron una exoneración? —le pregunta Diario Libre.

—No he violado ninguna ley, ¿de qué me acusan? —Quizás de falta de ética. —De falta de ética (se ríe)... No creo que eso sea antiético. Pudiera ser antiético, quizás, si yo no hubiese sabido a manos de quién iba a parar ese vehículo.

Sánchez critica a aquellos legisladores que podrían sentirse superiores por no ceder sus exoneraciones. “¿Qué tú aportas?, ¿qué cambios puedes producir con eso?, ¿que te digan que eres un santo varón?”, cuestiona.

La Dirección General de Aduanas registra que a nombre de Sánchez se han traído al país desde 2010 cuatro vehículos: una yipeta Toyota, un automóvil Bentley, otra yipeta Lexus y un carro Mercedes Benz. Por estos el Estado dejó de recibir RD$11,365,091.69 en impuestos.

El diputado comenta que para su uso aprovechó dos exoneraciones. Otra la tiene reservada para cuando estén cerca las elecciones de 2024. “Para yo salir con un vehículo bueno”, adelanta.

A pesar de que se benefició por transferir de sus exoneraciones, Sánchez entiende que hay que eliminar dicha facilidad a los legisladores. Considera que el Congreso Nacional que aprobó en 1996 la ley vigente era “análogo” y la sociedad ha cambiado, pues ahora se exige más transparencia en el uso de los fondos públicos.

Propuso en 2020 un proyecto para que no haya una exoneración ilimitada, sino que se fije un bono de RD$1,200,000 a cada legislador, entregable dos veces en el periodo legislativo de cuatro años. Dicho bono se considerará como parte del régimen de prestaciones o beneficios indirectos colaterales con los que se compensa a los senadores y diputados.

De hecho, analiza que pudiera aplicarse a otros funcionarios que también son hábiles para exoneraciones, como los jueces del Poder Judicial que, a partir del segundo año en el servicio, tienen derecho cada cinco años a la importación libre de gravamen de un vehículo no suntuario.

También, los integrantes del Ministerio Público, quienes, una vez ingresan a la carrera, pueden importar libre de gravamen un vehículo no suntuario cada cinco años. Asimismo, las misiones diplomáticas, que pueden importar libres de derechos e impuestos los vehículos que requieran para el uso exclusivo de sus actividades.

“El proyecto es oportuno, porque es una inequidad que nosotros gocemos de dos exoneraciones por periodo (...), donde esa exoneración exime del pago de todo tipo de impuesto y de todo tipo de vehículo, de forma tal que yo pueda traer un Tesla, un vehículo de alta gama”, dice Sánchez.

Pero también defiende el disfrute de las exoneraciones. “Somos funcionarios del Estado, por lo tanto, no constituye una aberración el hecho de que la institución cree mecanismos de apoyo al traslado de un diputado, de un senador, hacia su lugar matriz de trabajo, no lo es”, asegura. “Cuando se entiende que hasta en el sector privado se les garantiza a los funcionarios de primer nivel facilidades de transporte”.

Explica que antes de someter su proyecto, comparó cómo son los privilegios para los legisladores en otros países. Citó el caso de España, donde se reembolsa el gasto en avión, tren, automóvil o barco, y de parqueo. Si el funcionario utiliza su vehículo personal, se le devuelve una cantidad de euros por kilómetros, además de los peajes.

“Con el proyecto de ley se beneficia el Estado y no se perjudica el diputado”, insiste. “El diputado no se

“Somos funcionarios del Estado, por lo tanto, no constituye una aberración el hecho de que la institución cree mecanismos de apoyo al traslado de un diputado, de un senador” arriesga a tener un vehículo rodando en la calle bajo su nombre y que lo use cualquier persona”.

A final de agosto pasado, un automóvil marca Mclaren estuvo envuelto en un accidente de tránsito que se produjo entrada la noche en la avenida Abraham Lincoln,

de la capital, en el que resultó herido de gravedad un hombre de 70 años. El vehículo deportivo tenía una placa exonerada y está registrado a nombre del exdiputado peledeísta por Jimaní, Pablo Santana Díaz.

Este dijo a Diario Libre que le vendió la exoneración cuando era legislador al concesionario Autohaus. Gustavo Cabrera, uno de los propietarios de dicha empresa, confirmó que se importó el carro directamente desde la casa Mclaren y se vendió en 2017.

En la base de datos de la Dirección General de Aduanas se consigna que dicho vehículo tuvo un valor FOB de US$191,824.08 y el Estado dejó de recibir RD$3,901,959.10 por la exoneración de sus impuestos.

En octubre de 2014, el diputado perremeísta Alexis Jiménez dijo que vendió una exoneración a un con

El diputado Eduardo Hidalgo, quien tiene tres periodos como legislador, apoya la propuesta de Sánchez para reformar la ley y que se dé un bono. Aunque reconoce haber vendido de sus exoneraciones lo justifica como Sánchez y otros legisladoresen que la ganancia les permite cubrir gastos de la campaña electoral.

A su nombre se han importado entre 2013 y 2021 seis vehículos, por los que el Estado dejó de recibir RD$12,522,448.93 en impuestos, de acuerdo con la Dirección General de Aduanas. “Para la campaña el legislador asume compromisos y es una manera de pagar esa deuda”, defiende. Recientemente, diputados estimaron que en una campaña electoral para ese puesto se puede gastar desde RD$3 millones, RD$10 millones o más.

cesionario que se usó para traer al país un Lamborghini Aventador para el numerólogo Cristian Casablanca.

Ese vehículo, de acuerdo con los registros aduanales, tuvo un valor FOB de US$397,440 y representó un sacrificio fiscal de RD$7,407,570.82.

Legisladores no modifican la ley que los beneficia

En el Congreso Nacional se han presentado otras propuestas para modificar la ley que permite las exoneraciones a los legisladores, pero los mismos diputados no las han aprobado.

Un proyecto busca que, a partir del 16 de agosto de 2024, se reduzcan a un único vehículo, que no podrá sobrepasar el monto equivalente en pesos dominicanos de US$150,000 por concepto de precio de fábrica. El excedente a partir de este monto deberá pagar todas las cargas impositivas vigentes.

La propuesta la depositó el diputado peledeísta José Benedicto Hernández Tejada en octubre de 2020. El sistema web legislativo reporta que se envió ese mes a la comisión permanente de Administración Interior, que preside el titular de la Cámara de Diputados, el perremeísta Alfredo Pacheco, pero su plazo venció y perimió en agosto de 2021. El legislador la volvió a depositar en ese mes.

Un proyecto más viejo lo presentó en septiembre de 2017 el entonces diputado peledeísta José La Luz. Se envió a la comisión de Hacienda en ese mismo mes, pero perimió en julio de 2018.

Cinco años antes, el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto presentado por el entonces senador peledeísta Tommy Galán, que fijaba un tope de US$70 mil en el precio de fábrica del vehículo exonerado. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados sin éxito. Se volvió a reintroducir en el Senado en 2015, tampoco si éxito.

A pesar del limitado progreso de las iniciativas para modificar la ley que da pie a las exoneraciones, el presidente de la Cámara de Diputados asegura que en la actual legislatura el tema se debe abordar con “carácter de seriedad”.

“Los legisladores deben hacer un gran aporte a la gobernabilidad en la República Dominicana, sobre todo ahora que estamos hablando de reforma fiscal, etcétera, logrando establecer un método totalmente diferente que permita que el legislador pueda tener la posibilidad de tener el apoyo de transporte de otro modo y no exactamente con el sistema que tenemos ahora de las exoneraciones”, dice.

Agrega: “En lo personal decidí no tomar en esta oportunidad la exoneración, porque ya la he usado en otras oportunidades. Soy un legislador viejo, y tengo mi vehículo”.

En los registros aduanales figura que a nombre de Pacheco se importó en 2017 un vehículo BMW al que se le exoneraron RD$1,941,184 en impuestos. Hacienda registra que también en 2020 procesó la exoneración de un automóvil Bentley, valorado en US$189,800.81, que representaría un sacrificio fiscal estimado en RD$6,457,853.79.

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha cuestionado en diferentes años la facilidad de exoneración de vehículos a los legisladores. La considera inconstitucional y alega que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio.

“Tenemos tres propuestas de tres legisladores que eliminan el método, otra que suprime”, dice Pacheco a Diario Libre. “Creo que debemos sentarnos y seriamente encontrar una salida”.

El diputado reconoce que la facilidad de las exoneraciones “termina siendo un negocio porque están sin límite”. 

Vocero de los diputados del PLD