Por obligación, y no “motu proprio”

Que sea una resolución la que empuje a un importante segmento de la población que no está convencido de la efectividad de la inoculación contra el COVID-19, es una preocupación, porque hasta el momento, a casi dos años de pandemia, la vacuna se ha convertido en la alternativa más eficaz para disminuir el impacto de la enfermedad.

Hasta ahora una importante parte de la población ha optado por completar el esquema de dos dosis del biológico y otros la de refuerzo. Creo que, a esta altura del juego, debió haber completado uno de los dos esquemas, pues el Gobierno ha hecho el esfuerzo para que el pueblo cuente con la vacuna contra el COVID-19, y no solo la producida por un laboratorio, sino al menos cuatro de los más prestigiosos del mundo.

Lamentablemente, aún las cifras de contagios y muertes por coronavirus siguen reflejándose en las estadísticas que diariamente sirve el Ministerio de Salud Pública, y pese a que las autoridades han repetido en múltiples oportunidades que los mayores niveles de nuevos contagios, internamientos hospitalarios y muertes corresponden a personas que no se habían vacunado.

El virus es una realidad que nos ha mantenido postrados desde hace más de un año y medio, que ha hecho estragos en la economía y en la normalidad de todo el mundo. No sé si los que no creen en la vacuna han pensado que hay mejores propuestas para mitigar esta amarga realidad.

Muchos celebran la decisión del Gobierno de exigir la tarjeta de vacunación para acceder a espacios públicos, centros educativos y lugares de trabajo, otros no.

Amén de ese escenario, soy de las que apoyan la medida tomada por el Gobierno. Creo firmemente en el protocolo, cuidado y responsabilidad que cada persona debe asumir, sin importar el rango de edad, porque el COVID-19 sigue muy activo en el país y debemos sumarnos para que podamos, más temprano que tarde, volver a la normalidad. 