Diario Libre (Republica Dominicana)
Extranjeros y dominicanos tendrán los mismos protocolos sanitarios para ir a lugares públicos
Se manifiestan frente al Palacio Nacional; el martes van para el TSA
SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Turismo, emitió este jueves una resolución mediante la cual exime a todos los turistas que lleguen al país de presentar una tarjeta de vacunación o mostrar pruebas PCR, como se les comenzará a exigir a todos los dominicanos.
“De conformidad con los protocolos aprobados por la Junta de Aviación Civil dentro del marco de sus facultades, no será requerida la presentación de tarjetas de vacunación a los pasajeros que arriben a la República Dominicana”, dice el segundo considerando de la resolución 0032/21 firmada por el ministro David Collado.
Asimismo en el tercer dispositivo establece que “para el ingreso a los hoteles y servicios ofrecidos dentro de estos y de los complejos hoteleros a sus huéspedes no será necesaria la presentación de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19, así como tampoco la prueba PCR negativa, establecida en la resolución no. 00048, de fecha ocho (8) de octubre de 2021, emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tomando en consi- deración la aplicación de los estrictos protocolos de gestión de riesgo previamente aprobados para el sector”.
Agrega también que todos los sectores regulados por el Ministerio de Turismo deberán continuar apliabinader cando los Protocolos Nacionales de Gestión de Riesgos de Salud frente al COVID-19, aprobados por la resolución DJ-05/2020, dictada por este en fecha 13 de noviembre de 2020.
Las actividades relacionadas a transporte turístico terrestre, cruceros, a- gencias de viajes, turoperadores, ranchos de caballos, paseo turístico, zip line, parques temáticos acuáticos o recreativos y paintball, transporte marítimo y deportes acuáticos, escuela de buceo y parasailing, seguirán el mismo tratamiento indicado para los establecimientos hoteleros, salvaguardando siempre el cumplimiento de las disposiciones del protocolo sectorial emitido a tales efectos.
Empero, Turismo aclaró que si salen de los complejos turísticos, también deberán presentar tarjeta de vacunación para entrar a lujares públicos.
Mientras esta resolución es efectiva a partir de este jueves, los dominicanos deberán presentar desde el lunes 18 su tarjeta de vacunación, o una prueba negativa de COVID, para poder entrar a sus puestos de trabajo, en el caso de los empleados públicos y visitantes de esas instituciones.
Protestas todo el día
Los grupos que están opuestos a las vacunas anticovid llevaron este jueves su indignación frente al Palacio Nacional donde exigieron al presidente Luis revocar las medidas sanitarias contra los que no han querido inyectarse los fármacos.
Alrededor de 100 personas se apostaron en la intersección de las avenidas Doctor Delgado y México, donde calificaron como una “dictadura” y de “arbitrarias” las restricciones de Salud Pública de prohibir ciertos servicios y entradas a lugares a personas que no gieren no vacunarse, porque, según dijo, los fármacos tienen dióxido de grafeno, magnetismo y que las farmacéuticas están haciendo un genocidio.
Wendy Santiago solicitó al presidente Abinader la emisión de un decreto en favor de los decidieron no vacunarse y los dejen usar los servicios públicos, como los vehículos del transporte, los cuales “nosotros compramos con nuestro dinero”.
“No queremos ser ratas de laboratorio, espero que nos entiendan”, dijo Santiago, quien portaba la bandera dominicana en su cuerpo.
Los grupos de manifestantes fueron vigilados por miembros de la Policía Nacional, y el tránsito por esas vías era fluido.
Con la apertura total del país, el Gobierno estableció restricciones para los que decidieron quedarse fuera del Plan Nacional de Vacunación, el cual lleva más de cinco millones de personas completamente vacunadas.
Más temprano, ciudadanos se movilizaron ayer en contra de la disposición del Ministerio de Salud Pública de exigir tarjetas de vacunación en lugares de uso público.
La movilización forma parte del rechazo que han expresado diversos sectores y que llevó a dos abogados a elevar un recurso de amparo para declarar nula la disposición. Será el próximo martes 19 de octubre, un día después de entrar en vigencia la medida de exigir tarjetas de vacunación cuando el caso se conozca en la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Los jueces conocerán en audiencia a las 9 de la mañana una instancia elevada por los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbi Castro, quienes solicitan la nulidad de la resolución número 00048 del sábado 9 de octubre dictada por el Ministerio de Salud Pública.
En el recurso figuran como parte impetrada la Presidencia de la República, en la persona de Luis Abinader y el Ministerio de Salud Pública, representado por Daniel Enrique de
Jesús Rivera Reyes.
La ordenanza del Ministerio de Salud Pública que entrará en vigencia el lunes 18 establece como requisito presentar una tarjeta de vacunación contra el COVID-19 con dos dosis a toda la población mayor de 12 años para acceder de manera presencial a los trabajos, centros educativos en todos los niveles, así como a los lugares lugares de uso público.
Advierte que “la falsificación de las tarjetas de vacunación, las pruebas PCR para COVID-19 y los permisos especiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) exigidos en el presente artículo podrá ser perseguida y sancionada de conformidad con las disposiciones del Código Penal de la República Dominicana”.
Los letrados argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).
Además los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
“En razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad, en consecuencia de los accionantes, una amenaza que supone la limitación de amplios derechos constitucionales, a millones de ciudadanos con consecuencias insospechadas y generadoras de consecuencias incluso que perturben la paz y el orden público, generando caos, violencia y desorden en las vías, transporte público y espacios de recreación”, aduce la instancia del recurso de amparo.