No los quieren soltar

La abogada Perezfuente advierte otra situación que atenta contra los derechos de esos adolescentes internos. Los menores no son tratados como tales, sino que son tratados como infractores de la ley penal, que representan un problema y riesgo para la sociedad. Esto se verifica en que, aunque los jueces de oficio deben salvaguardar los derechos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley, dependiendo del delito que hayan cometido, no “quieren soltar a esos criminales a la calle”.

“Por último, pero no menos importante –dice- los adolescentes que entran en conflicto con la ley son de escasos recursos o han sido abandonados por sus padres o familia y, muchas veces, los familiares los tachan de incorregibles y no quieren hacerse responsables por ellos”.

La condición de preventivo que se alarga para los adolescentes es, sin embargo, una de las razones que inciden en las alteraciones de las situaciones de violencia que se dan en algunos de los centros.

“Los adolescentes duran mínimo un año (preventivo) y eso sí nos afecta, pues el preventivo, mientras no conoce su suerte, su comportamiento es diferente, más agresivo, no responde a los programas”, plantea Elba Núñez.

Explica que, aunque la ley no lo manda, ellos brindan un servicio igual a los sancionados y los preventivos y los incluyen por igual en los programas especializados. medio de 3.6 por día) a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, según los datos que registra el Poder Judicial. La cifra es de 16,372 si se suma desde ese año hasta el 2014.

Según la Ley 136-03, estos casos debe llevarlos un personal especializado tanto de la Policía y Ministerio Público, como en los tribunales.

Por ley se establece que en cada Departamento Judicial haya un procurador de corte de apelación y un fiscal titular especializado en Niños, Niñas y Adolescentes y como mínimo un ayudante de cada uno por cada distrito o departamento judicial.

“El sistema de justicia no está preparado para cumplir los tiempos establecidos en la ley afectando lamentablemente a una población en vulnerabilidad… Si bien es cierto que tenemos unos tribunales especializados, aunque no hay uno en cada provincia, no menos cierto es que no todos los actores del sistema de NNA están especializados para trabajar con ellos”, comenta la abogada especializada en familia, Michelle Perezfuente.

De su lado, Núñez plantea: “Básicamente, puedo decir que no hay una especialización del sistema y... por ejemplo, los fiscales, asumo que pasa lo mismo con los jueces, ¿cuándo fue la última capacitación para especializar al personal del sistema? El personal se va, se muere, renuncia y ¿qué tan continuo estamos capacitando al personal para las especializaciones?”.

También señala los incidentes que retrasan los procesos o defensores saturados de expedientes.

Más que los procesos se judicializan en tribunales, las fiscalías del país han recibido un volumen de casos mayor que involucran a menores. Solo en 2020 hubo 9,774 delitos contra niños, niñas y adolescentes. Entre ese año y el 2016 suman 39,535. 