Epílogo: El enredo de las pensiones

Mi último y terminal artículo sobre el sistema de pensiones en Dominicana, publicado recientemente en Diario Libre, merece un corto epílogo, en vista de recientes informaciones en la prensa nacional. En primer lugar, ADAFP anuncia datos de la SIPEN informando el desembolso de $6,992 millones en devoluciones a 21,876 asegurados de ingreso tardío, lo que da un promedio de solo $320,000 por asegurado, una ínfima fracción de lo requerido para una pensión de $10,000 mensuales por 20 años, y lamentablemente quedarán en la indigencia a corto plazo, proceso que continuará en forma creciente en los próximos años. En segundo lugar, la Comisión Mixta Senado/ Cámara de Diputados anuncia que varios de sus miembros visitaron México para estudiar el sistema de pensiones de ese país, lo que implica que todavía seguimos con la costumbre de copiar, a pesar de la experiencia con el sistema de Chile. En tercer lugar, el Comité de Salarios acordó un sustancial reajuste salarial, que hubiese permitido dedicar parte del aumento para aumentar la exigua cuota de aporte de los asegurados al régimen de pensiones a través de un pilar de reparto con financiamiento mixto, sin aumentar la carga contributiva de los empleadores, como hemos propuesto en documentos técnicos sometidos a los entes competentes. En cuarto lugar, el aumento del 19% del salario mínimo va a generar tasas reales “negativas” de retorno de la cartera de inversiones de las AFP en los próximos dos años, lo cual deflactará aún más el por ciento de pensión en relación al salario al retiro de un núcleo considerable de pensionados en los próximos años. En quinto lugar, un Editorial de un prestigioso diario nacional plantea preocupación por el “enredo” del sistema de pensiones, cuya fragmentación inexplicable es tan compleja que la reforma deberá ser abordada en varias fases. En sexto lugar, como se esperaba, se desconocen las recomendaciones finales de las Mesas Temáticas al respecto. Y en séptimo y último lugar, ya se acercan las elecciones nacionales, perdiéndose la oportunidad de abocarnos a un complejo proceso de reforma liderada por el Gobierno hasta el 2025. Y todo esto es muy lamentable, porque no solo implica nuestra incapacidad institucional de formular reformas estructurales en el ámbito socio-económico sin la ayuda de entes foráneos, sino también que al menos otros 50,000 o 80,000 retirados en los próximos dos o tres años según la Ley 87/01 continuarán percibiendo prestaciones indignas.

Y en séptimo y último lugar, ya se acercan las elecciones nacionales, perdiéndose la oportunidad de abocarnos a un complejo proceso de reforma liderada por el Gobierno hasta el 2025.