Diario Libre (Republica Dominicana)
“Una sola sentencia que no sea cumplida es un atentado al Estado de derecho”
El Tribunal Constitucional tiene la facultad de castigar a las personas y entidades que desacaten sus sentencias
SANTO DOMINGO. El presidente del Tribunal Constitucional (TC) ve como un hecho grave el desacato de 106 de sus sentencias y, todavía peor, que la mayoría de ellas (61) sean incumplidas por instituciones del Poder Ejecutivo.
Reconoce que ese es un problema de los tribunales constitucionales del mundo, que ha sido abordado en todos los encuentros internacionales de estas altas cortes.
Pero, mal de mucho, consuelo de tontos. Milton Ray Guevara entiende que, aunque el TC dominicano “es el que tiene los porcentajes menores, una sola sentencia que no sea cumplida es un atentado al Estado de derecho” y que “cuando lo hace el Estado es peor”.
El magistrado señala que el TC no ha dicho cuál Gobierno es el culpable porque se basa en el principio de continuidad del Estado. “Los gobiernos son pasajeros y el Estado es permanente”, agrega.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través de su consultor Jurídico, ha querido aclarar que sólo tres de esos fallos se han dictado en la presente administración. Antoliano Peralta también ha explicado las diligencias que realiza para conminar a esas entidades a dar cumplimiento a las sentencias.
¿Qué sigue?
El TC se ha preparado para perseguir hasta las últimas consecuencias las ejecuciones de sus dictámenes, y la publicación del listado fue sólo uno de múltiples pasos que tienen definidos en la resolución TC/0003/21.
Creación de la Unidad de Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias (USES).
“Después creamos un procedimiento de conciliación que se realiza en el tribunal por decisión del Pleno en cámara de consejo y después adoptamos reglamentación, que es la que estamos usando, que nos permite tomar decisiones”, explica el magistrado.
La TC/0003/21. permite solicitar las medidas disciplinarias consignadas, imponer astreintes y denunciar en el ámbito internacional.
El presidente del TC atribuye el comportamiento de incumplimiento a la cultura autoritaria que aún existe en el país.
“En un país donde hemos tenido dictaduras, gobiernos autoritarios, tiranías, se ha segregado una cultura autoritaria y este trabajo es a contracorriente, porque la Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes y a ningún gobernante le gusta que lo limiten”, acota.
El presidente del Tribunal Constitucional lleva una cruzada para lograr la enseñanza de la carta magna en escuelas y universidades desde que se fundó esa corte, hace 11 años.
Ha firmado acuerdos con funcionarios de Educación desde el año 2012, sin que nada se haya llevado a la práctica todavía.
Pero su reclamo no es sólo capricho. Resulta que la propia Constitución ordena en el numeral 13, del artículo 63, la enseñanza de la Constitución en todos los centros de educación públicos y privados.
Por si fuera poco, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo manda a promover los estudios
El proceso
La secretaria del TC, Grace Alexandra Ventura Rondón, explica que las diligencias para el cumplimiento de sentencias se realizan a solicitud de parte, por las personas beneficiadas con las decisiones que se acercan al Tribunal y lo apoderan.
Luego la USES notifica a la parte obligada, sean personas, instituciones o empresas, y le solicita explicación de los motivos por los que no ha procedido según lo ordenado.
“Hay veces que nos dicen que hay una imposibilidad material de cumplimiento de esa sentencia, que también el manual de seguimiento lo contempla”, indica la abogada.
Luego se completa un expediente con la opinión de ambas partes y se apodera al Pleno del
“La Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes y a ningún gobernante le gusta que lo limiten”
Presidente del Tribunal Constitucional
de Derecho Constitucional. Un decreto del presidente Danilo Medina buscaba el cumplimiento de esas disposiciones.
La ley sustantiva establece: “Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”.
Milton Ray Guevara se pregunta “¿cuál es el problema de eso, a quién es que eso mortifica?”.
El jurista cree que aprender el contenido de la Constitución ayudará a construir ciudadanía, a liberar al ciudadano y a que la gente se empodere.
Estima necesario impartir esta asignatura ante “los niveles de enfrentamiento, de violencia, de desafío de la autoridad, de sacadera de cuchillo, de navaja, de quemadera de útiles, pupitres y butacas que está presentando la juventud dominicana”.
Argumenta que Pedro Henríquez Ureña decía: “Sólo la cultura salva al pueblo”. Yo digo: “Sólo la Constitución libera al ciudadano”.
Milton Ray Guevara
TC, que a su vez designa a un juez para que lo represente y abra un segmento de conciliación.
“Entonces, en cámara de consejo, se hace un acercamiento con las partes, se les dice que nos exponga qué ha pasado. Hay dos escenarios. Un escenario en
Narró que en el 2012 firmó un acuerdo con la ministra de Educación, Josefina Pimentel, que nunca se cumplió. Suscribió otro convenio con el ministro Andrés Navarro en el año 2016 que corrió la misma suerte.
“Llega el año 2020. El ministro (Roberto) Fulcar cuando llega no quiere que le hablen de enseñanza de la Constitución. Él apoya lo que se llama las cátedras ciudadanas, entre las cuales él quiere la cátedra Constitución. O sea, él tenía un enfoque más limitado”, relata.
Tampoco ha logrado que Educación asuma la impresión de ejemplares con el 4% de presupuesto que recibe. el cual se haga un acuerdo de conciliación, a fin de que efectivamente se cumpla, o un no acuerdo. Ante el no acuerdo, entonces el tribunal, mediante una resolución, debe decidir qué hacer”, indica Ventura.
Castigos
La resolución elaborada por el mismo Tribunal los faculta para imponer astreintes (pago de dinero durante el tiempo de incumplimiento), requerir y aplicar la fuerza pública, denunciar la inobservancia ante la autoridad competente para la instrumentación de un expediente para el sometimiento a la jurisdicción penal, poner en conocimiento de la autoridad competente para que agote un proceso disciplinario, comunicar al presidente de la República, comunicar al defensor del pueblo (cuando corresponda) y ordenar la publicación del nombre y otros datos de los responsables.