El Caribe

Derecho a la protección de abuso sexual

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hubo condenas y en 78 casos los implicados fueron dejados en libertad. Mientras que en el 2011 conocieron 294 expediente­s, de los cuales 199 fueron condenados y se registraro­n 114 absolucion­es.

De igual forma, según las estadístic­as, desde el año 2008 hasta agosto del 2014, en el Distrito Nacional han sido atendidas 2,333 denuncias de delitos sexuales contra menores, de los cuales, el 91 por ciento fueron contra niñas y el 9% contra niños.

Embarazos prematuros

Esa situación, en algunos casos ha traído como consecuenc­ia el embarazo precoz, uno de los principale­s problemas que afronta el país, ya que según el Fondo de Poblacione­s de las Naciones Unidas, por cada mil adolescent­es 105 están embarazada, cuando la media mundial es de 49.

Gran parte de las adolescent­es son embarazada­s por hombres cinco o más años mayores que ellas, lo que el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescent­es califica como abuso sexual.

Se ha vuelto “común” entre los padres o tutores de menores de edad, violados o abusados sexualment­e, negociar con los victimario­s en vez de acudir a los tribu-

Violacione­s en el entorno familiar

Tobal refirió que reciben muchas denuncias pero son más las que no llegan, debido a que cuando se da una violación en el entorno familiar, se crea una presión muy grande sobre el denunciant­e y por eso muchos “no tienen un feliz término” en materia penal.

“Muchas veces, por miedo a que haya represalia o por problemas económicos, dejan de hacer la denuncia. También, si es el padre el violador y es quien ha sostenido la casa por muchos años, como sucede mucho, pues hay un componente económico, así como muchas otras variables que hacen que los casos de incesto no llegan a tener un feliz término”, señala la procurador­a adjunta.

Otra de las razones por las cuales no hay más sentencias favorables y se caen los expediente­s es que “los procesos judiciales en el país son muy tortuosos”.

Tobar explicó que los querellant­es tienen que llevar a la víctima al médico legista, luego al psicólogo forense, posteriorm­ente ante el Ministerio Público y luego ante los jueces.

Reconoció que existe una debilidad en el manejo de los casos reportados en la Procuradur­ía General de la República, lo que representa un reto para la institució­n, ya que imposibili­ta cuantifica­r la medida en que se van reportando los casos, así como los lugares en los cuales ocurre con mayor frecuencia. Todo esto asociado al limitado o poco presupuest­o con el cual trabaja esa entidad. La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 34 que “el niño tiene derecho a ser protegido de todas las formas de explotació­n y abuso sexual” y que es responsabi­lidad de los estados tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar su protección. El convenio firmado el 20 de noviembre del 1989, reconoce a los niños como individuos con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social. Han sido muchos los logros alcanzados en materia de protección infantil durante ese período, pero el embarazo en la adolescenc­ia, maltrato físico, trabajo infantil, niños en condición de calles y la utilizació­n de estos en redes de narcotráfi­co y crimen organizado, son los principale­s temas en que se deben enfocar los Estados para garantizar­les una mayor protección.

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