Mondesí acusa a Tommy Galán de perseguirlo
Los informes de las auditoJUSTICIA. rías de la Cámara de Cuentas a la gestión de Víctor Díaz Rúa, en el Ministerio de Obras Públicas, en los periodos 2008, 2010, 2011 y 2012 revelan debilidades con la operatividad en el sistema de control. Sin embargo, en sus conclusiones, las investigaciones a las ejecuciones en los indicados periodos, el organismo fiscalizador precisa que “los estados de ejecución presupuestaria antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, los ingresos recibidos y desembolsos realizados por el MOPC”.
También asegura que las ejecutorias cumplen con las estipulaciones de la Ley Orgánica de Presupuesto y de conformidad a las normas de contabilidad aplicables al sector público, emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Mediante los dispositivos de los tres informes aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el pleno el pasado 9 del presente mes, los jueces del tribunal aprobaron los informes legales correspondientes a cada una de las auditorías practicadas, los cuales forman parte de las resoluciones.
En la resolución “Aud-2014-042”, el tribunal declara que “excepto por el efecto de los ajustes, de requerirse alguno, que sobre el estado de ejecución presupuestaria examinado pudieran tener los asuntos mencionados en la sección Bases para la Opinión con Salvedad, el estado de ejecución presupuestaria antes mencionado presenta razonablemente, en todos sus aspectos materiales, los ingresos recibidos y desembolsos realizados por Obras Públicas y al 31 de diciembre del año 2008”.
Estas argumentaciones son sustentadas también en las resoluciones 2014-043 y 2014-044 correspondientes a los períodos primero de enero al 31 de diciembre del 2010 y entre el primero de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2012.
Falla en el sistema de control interno
Entre otras debilidades detectadas por la Cámara de Cuentas se destacan la “carencia de un sistema de contabilidad integrada; cheques con más de seis meses en tránsito, ingresos no depositados oportunamente, así como discrepancias en la presentación de los reportes de los ingresos extrapresupuestarios. Además, empleados en nóminas que presentan servicios en otras instituciones del Estado.
También se detectaron inconsistencia en la entrada de diarios y los registros; suplidores y contratistas que no están inscritos en el registro de proveedores del Estado, así como alquileres de equipos que no están soportados con órdenes de servicios. Los informes fueron remitidos a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y a la Contraloría de la República con las indicadas debilidades.
El alcalde de San CristóACUSACIÓN. bal, Raúl Mondesí, calificó ayer como una persecución política orquestada por el senador de esa provincia, Tommy Galán, la investigación que se le sigue por supuesto mal manejo del presupuesto. “Yo estuve aquí me interrogaron, todo salió bien, ¿verdad? ahora ustedes saben de dónde viene todo esto, esto es asunto político”, refirió Mondesí luego de ser interrogado por más de cuatro horas en la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mondesí acusó a Tommy Galán de estar detrás del proceso luego de que él diera a conocer sus intenciones de optar por la senaduría por San Cristóbal.
“Quiero que la provincia y el municipio sepan que todo esto es político, que el que no tiene hecha no tiene sospecha, ahora, que Tommy le diga a la población, a la nación completa de dónde sacó ciento y pico de millones de una mansión que tiene y yo puedo enseñar todo lo que tengo que lo compré antes de ser político y lo voy a presentar. Ahora yo quiero que él presente eso”, puntualizó.
Según una auditoría de la Cámara de Cuentas, en el cabildo de San Cristóbal se encontraron supuestas irregularidades en el manejo de más de RD$70 millones. cional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino.
Según la información suministrada por Ana Bialet, abogada de Pro Consumidor, entidad que participa en el proceso como interviniente forzoso, el aplazamiento fue solicitado por los demandantes.
El Centro de Asistencia Automovilística es propiedad de un grupo formado por once empresas aseguradoras a las que la Casa del Conductor acusa de formar un cartel y de violar la ley de seguros y fianzas.
Dichas empresas son Seguros Banreservas, La Colonial de Seguros, Mapfre BHD Seguros y Seguros Pepín. También, Seguros Sura, La Monumental de Seguros, Seguros Constitución, Angloamericana de Seguros, General de Seguros, Confederación del Canadá Dominicana, Unión de Seguros y Reaseguradora Santo Domingo.