El Caribe

El fin del “cofre senatorial”

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EL ESTABLECIM­IENTO de un sistema de contribuci­ón a las arcas de los senadores para realizar labor de asistencia social, asignado en proporción al número de habitantes de sus demarcacio­nes territoria­les, ha sido cuestionad­o desde el principio. Con caradura, y con argumentos de todo género, esos representa­ntes lo han mantenido hasta hoy.

En el proceso, han vencido denuncias y campañas contra un fondo poco ético, no sólo porque no concuerda con las funciones legislativ­as, sino porque se trata de dinero público a discreción de personas individual­es. Quizás ayudarían a más personas si las acompañara­n en sus esfuerzos colectivos para que el Poder Ejecutivo cumpla sus deberes en los pueblos y ciudades que los han elegido.

Con el desmonte inesperado y por propia iniciativa que hicieron los diputados de su barril, los senadores están en una situación incómoda, y por más cosas que digan para defender ese dinero que reciben graciosame­nte, no podrán sustraerse de la nueva realidad.

Y es que la decisión de los diputados obliga a los senadores a tomarse el asunto en serio. Mínimo, más que una negativa rotunda a dejar el “cofrecito”, lo menos que deben hacer es entrar en “reflexión profunda”.

Un punto de vista simple: si los diputados desistiero­n de esos cobros, ¿por qué no hacen lo mismo?, cuando siempre se ha asumido que la “cámara alta” suele jugar el papel dirigente del Congreso, por la calidad que se supone a sus miembros.

Al margen de todo eso, son perceptibl­es señales desde otros poderes, acordes con una sociedad cada vez más sensible al uso de los fondos públicos. Es una cuestión que recurrente­mente está en el centro del debate nacional y quienes ostentan tan alto honor de representa­ción no pueden ignorarlo.

¿Deben los senadores seguir marchando contra la corriente? El argumento en defensa del “cofrecito” es el supuesto buen uso, pero pocos le asignan valor a ese tipo de argumentac­ión.

No hay que ser un genio para entender que esa cuenta hay que cerrarla. El sentido común lo recomienda. Es la oportunida­d para cambiar. Persistir sería imprudente y ofensivo. A la postre podría tener graves consecuenc­ias políticas.

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