En Venezuela hay poca esperanza de cambios
La escasez de alimentos en Venezuela es tal que decenas de miles de personas pasan hambre o están famélicas. La tasa de homicidios está entre las más altas del mundo. La economía está tan paralizada que el comprador medio pasa 35 horas al mes haciendo fila, tres veces más que en 2014.
Y aunque el país es cada vez más inhabitable, su gobierno socialista está más arraigado ahora de lo que ha estado en años. Una sensación de desesperación se ha asentado sobre la que en su día fue una de las naciones más ricas de Sudamérica, con la creencia de que nada cambiará realmente.
Para entender porqué la gente se ha dado por vencida, tomemos como ejemplo a Jhorman Valero y a su familia.
Hace tres años, Valero arrastró a su primo de 24 años, Bassil da Costa, a unirse a las miles de personas que protestaban contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en todo el país. Horas más tarde, Bassil sangraba en sus brazos, el primero de los más de 40 asesinados en semanas de disturbios. Jhorman, que mira fijamente al suelo, recuerda ahora como vio abrirse el cráneo de su primo bajo su gorra de béisbol por una bala disparada por las fuerzas de seguridad.
Valero y la hermana de Bassil, Yenicer da Costa, ya no se molestan en protestar, ni en el aniversario de las marchas de 2014.
“¿Por qué protestar si te matan en las calles? ¿Y qué pasa? Nada. Y ahora, después de tres años, todo está peor”, señaló Yenicer.
El temor inspirado por la represión de 2014 tiene mucho peso en el presente, con un gobierno que es selectivamente represivo. Según grupos de derechos humanos, muchos de los más de 100 presos políticos que fueron arrestados ese año siguen encarcelados.
La mayoría están incomunicados en los sótanos de El Helicoide, un edificio modernista en forma de espiral que se construyó durante el auge del petróleo en la década de 1950 para ser un centro comercial y que ahora es la sede de la todopoderosa policía de inteligencia Sebin.
La creación el mes pasado de un “comando antigolpe de Estado”, encabezado por el vicepresidente, Tareck El Aissami, alimentó el temor a nuevas redadas. Esta unidad ya detuvo a tres miembros del partido de Leopoldo López, el opositor encarcelado de más alto perfil, que lideró las protestas en las que murió Bassil.
El gobierno de Maduro se ha vuelto cada vez más represivo a medida que la caída del precio del petróleo dejó al descubierto años de mala gestión. Purgó instituciones estatales de potenciales traidores, alejó a los reporteros extranjeros, detuvo a importantes empresarios y declaró nulas todas las decisiones tomadas por el Congreso, controlado por la oposición.
Como resultado de esto, las nuevas generaciones, que serían el combustible natural de cualquier movimiento de protesta no están saliendo a la calle. En las manifestaciones hay más abuelos que jóvenes.
Uno de los motivos es que muchos jóvenes han optado, simplemente, por irse del país.
La protesta de este mes tuvo un arranque poco alentador, con un hombre mayor gritando: “¿Dónde están los estudiantes? ¡No vinieron!”, recuerda Diego Cerboni, presidente del sindicato de alumnos de la universidad privada Santa María.
Muchos de los amigos con los que Cerboni solía contar para las protestas ya no están en Venezuela. Cerboni estima que unos 100 estudiantes abandonan Santa María cada semana, obligando a los profesores a unificar grupos y cancelar materias sin suficientes alumnos en un campus de 12.000 personas.
Una encuesta reciente arrojó que el 88% de los jóvenes quiere emigrar. El año pasado, los venezolanos fueron los que más solicitudes de asilo presentaron en Estados Unidos — más de 18.000 frente a los apenas centenares de 2013. La cantidad de peticiones de pasaportes el tal que el gobierno se quedó sin suministros y tuvo que frenar su emisión.
“El gobierno tiene una estrategia inteligente. Nos mantienen en alerta, nos mantienen ocupados buscando comida y medicinas. Estamos buscando como salir del país y no tenemos tiempo para protestar”, señaló Cerboni.
El manifestante Marcello González, de 69 años, dijo que todos sus 15 nietos y siete de sus 10 hijos se han marchado del país.
“Aquí hay una campaña del terror”, dijo. “El gobierno está utilizando gases lacrimógenos y detenciones para intimidar a los jóvenes y hacer que se queden en sus casas. Nosotros los mayores no tenemos que preocuparnos tanto. Sabemos que no somos el objetivo”.